La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha exigido al Gobierno central que «cumpla con el planteamiento comunitario» que da base a las ayudas asociadas de la Política Agrícola Común (PAC) que consiste en «proteger sectores con problemas de rentabilidad y en riesgo de abandono real». Éste es el caso, ha explicado, de cultivos andaluces como son «el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro, para los que vamos a volver a exigir este apoyo específico en la revisión de la configuración de las ayudas que ha de llevar a cabo el Ministerio en 2016».

La representante del Gobierno andaluz ha lamentado el recorte que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aplicado a Andalucía en el diseño de la nueva PAC, «unos 600 millones entre la pérdida de fondos de desarrollo rural y ayudas directas”. Sobre este segundo apartado, Ortiz ha explicado que la reforma de la PAC modifica el esquema anterior y reduce las ayudas desacopladas, capítulo en el que Andalucía tenía más peso -actualmente se agrupan en las ayudas de pago básico, pago verde y ayuda para jóvenes- y amplía el de las ayudas asociadas, incorporando nuevos sectores con dificultades.

En este sentido, la consejera ha subrayado que el Ministerio se comprometió a mantener el anterior reparto de ayudas directas entre las comunidades autónomas, y dado que se reducía el paquete de ayudas en el que Andalucía tenía más peso, «la única forma de mantener el cómputo global era a través de las ayudas asociadas, incorporando sectores vulnerables y con peso o sello andaluces». De acuerdo con ello, desde el Gobierno andaluz se hicieron tres propuestas: incorporar sectores necesitados como el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro; incrementar el presupuesto para sectores como los frutos de cáscara y el caprino; y modificar el diseño de las ayudas a la remolacha, frutos de cáscara, y el vacuno de leche y ovino.

Sin embargo, ha explicado Ortiz, «el Ministerio se negó a incluir estos sectores andaluces con dificultades, en riesgo de abandono, y con gran impacto social, entre los beneficiados por unas ayudas que estaban concebidas para atenderlos, según la propia UE». «El modelo impuesto de ayudas directas deja unas pérdidas de 58 millones de euros anuales en Andalucía, 290 millones hasta 2019», ha asegurado.

Para la consejera, «no tiene ningún sentido dejar a estos sectores al margen de estas ayudas, por lo que vamos a seguir defendiendo los legítimos derechos de estos sectores y de las personas que desarrollan la actividad».