La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) rechaza la última propuesta de contrato-tipo homologado para el suministro de leche cruda de vaca porque no refuerza la posición negociadora de los ganaderos ni ofrece garantías de precios y recogida. “No habrá lugar a la negociación. La industria impondrá sus condiciones porque el contrato así se lo facilita”, ha subrayado Gaspar Anabitarte, responsable del sector lácteo de COAG.
Tanto es así, que el texto del modelo de contrato:
– No recoge una definición de una “Leche tipo” (para todo el Estado y por territorios) que garantice homogeneidad en cuanto a los criterios de calidad exigibles por parte de las industrias (materia grasa, materia proteica, punto crioscópico, etc.) e imposibilite bajadas de precios encubiertas de manera unilateral por parte de las industrias.
– No supone una garantía de precios rentables para el ganadero, porque deja abierta la posibilidad a precios variables y mixtos, sin indexación alguna a índices de referencia que tengan en cuenta los costes de producción de cada uno de los agentes de la cadena.
– No genera estabilidad en las relaciones contractuales ni garantía de recogida en las explotaciones porque no obliga a una duración mínima de 1 año en los contratos.
– Incluso, traslada al ganadero responsabilidades que venían ejerciendo hasta ahora las administraciones públicas, tales como la comunicación a la industria del estado sanitario de la explotación, abriendo la puerta a que las industrias ejercen un exclusivo autocontrol con análisis en sus propios laboratorios.
Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y el acuerdo para la sostenibilidad de la cadena de valor del sector lácteo, que COAG no firmó, no está sirviendo para garantizar un precio remunerativo para los ganaderos que al menos cubra los costes de producción. Según datos oficiales, el precio medio en nuestro país se ha situado en octubre en 0,30€/l, muy por debajo de costes (0,34€/l). Tal y como argumentamos en su momento, el texto firmado no ofrece seguridad jurídica a los productores porque es una mera declaración de intenciones, generalista e inconcreta, que deja a la buena voluntad de industrias y cadenas de distribución el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
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