ASAJA valora positivamente el conjunto de medidas anunciadas por el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, para poner fin al “clima de miedo” –según las propias palabras del comisario– en el que viven los agricultores desde que tramitan y hasta que es resuelta su solicitud de ayudas de la Política Agraria Común. En la propuesta de simplificación de la PAC defendida por el comisario Hogan se reconoce la indefensión actual de cientos de agricultores y ganaderos de Castilla y León, en cuyas solicitudes hay pequeños errores no intencionados que, hasta ser subsanados, provocan enormes retrasos en el pago de las ayudas y penalizaciones desproporcionadas.

En el paquete de medidas presentado, Hogan propone que los controles preliminares de las solicitudes de ayuda permitan a los agricultores hacer correcciones a sus expedientes durante un periodo de hasta 35 días después de la fecha final de presentación, sin ningún tipo de sanciones. “Algo importante, y que en campañas como la de 2015, donde se apuraron los plazos, no se permitió, con lo que pequeños errores pasaron automáticamente a ser objeto de penalización”, tal como apunta ASAJA. En segundo lugar, el sistema de sanciones administrativas para los pagos directos se simplificaría y reduciría. Además, se crearía un sistema de ‘tarjetas amarillas’ para los que ya han cometido una infracción, casos que quedarían registrados y serían sometidos a un control sobre el terreno al año siguiente.

ASAJA apoya especialmente el esfuerzo del comisario por diferenciar los agricultores y ganaderos que tienen en sus expedientes algún error no intencionado, de los “cazaprimas” que quieren aprovecharse del sistema de ayudas.”Son los agricultores y ganaderos profesionales, los que trabajan en el campo y merecen legítimamente las ayudas, los primeros interesados en que se frene a los defraudadores”, señala ASAJA.

Para la organización agraria, “ese clima de miedo que ha descrito Hogan es real y se percibe todos los días en el sector, porque cualquier pequeño error en las complicadas solicitudes significa paralizar la percepción de unas ayudas muy necesarias para las explotaciones”. Estos casos de errores administrativos son aún más frecuentes en el caso de ganaderías de ovino o vacuno extensivo, frecuentes en Castilla y León, y en áreas poco concentradas y con una propiedad muy atomizada. Para ASAJA, “la filosofía de Hogan suena bien, y el mayor riesgo sería que el guante que ahora lanza el comisario no sea recogido por las administraciones nacional y autonómica. El siguiente paso es que tanto el Ministerio como la Consejería de Agricultura acaten esta propuesta de Bruselas y la apliquen aquí, teniendo en cuenta las especificidades de nuestro modelo agroganadero”.