La obligación de declarar el NIF de los titulares de las parcelas arrendadas está generando serias dificultades a agricultores y ganaderos en plena campaña de tramitación de la Solicitud Única, según alerta Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ha vuelto a requerir por escrito al Ministerio de Agricultura una corrección urgente de la norma.
La organización advierte de que los problemas no responden a una falta de voluntad de cumplimiento, sino a obstáculos derivados de la propia estructura de la propiedad rústica en España: herencias sin formalizar, discrepancias entre catastro y registro, copropiedades y dificultades para identificar a los titulares reales de determinadas fincas.
El riesgo no se limita a parcelas concretas. Unión de Uniones subraya que, a diferencia de otros errores que afectan a un recinto aislado, una incidencia en la identificación del arrendador puede comprometer la validez del conjunto de la solicitud de ayudas, con el consiguiente nivel de inseguridad jurídica para los solicitantes.
Una advertencia ignorada
La organización no llega a esta situación sin haber advertido antes. Ya solicitó al Ministerio volver a la redacción anterior de la norma antes de su entrada en vigor, presentó voto particular en el Comité de Seguimiento oponiéndose a su inclusión en las modificaciones al Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) remitidas a Bruselas, y propuso como alternativa elevar el umbral de superficie por debajo del cual no fuera obligatorio declarar el NIF del arrendador, como forma de tener en cuenta la elevada fragmentación parcelaria de ciertas zonas.
El Ministerio desestimó esas propuestas, argumentando la necesidad de reforzar los controles para prevenir el fraude. Ahora, con las dificultades prácticas ya constatadas sobre el terreno, Unión de Uniones reclama que se revise la medida con carácter urgente: bien retornando a la situación anterior, bien elevando el umbral a 4 hectáreas por recinto, una solución que, a su juicio, permitiría combatir posibles irregularidades sin provocar efectos desproporcionados sobre los solicitantes.
La organización advierte de que se está poniendo en riesgo el cobro de las ayudas de las que depende la viabilidad de numerosas explotaciones modestas por exigir una acreditación documental que, en muchos casos, resulta imposible de obtener.
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