Las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para paliar los daños de las borrascas en Andalucía y Extremadura han reabierto el debate sobre el alcance real de la cobertura en la región, tras publicarse un Real Decreto que limita los beneficiarios a una parte del territorio. El foco está en las zonas que han quedado fuera del listado de municipios incluidos, pese a que las organizaciones agrarias sostienen que las lluvias, inundaciones y desembalses han causado daños generalizados.
El plan aprobado por el Consejo de Ministros cuenta con un presupuesto total de 2.874,1 M€ para ambas comunidades. Dentro de ese paquete, se contempla una línea de 2.121 M€ para compensar pérdidas de renta de agricultores y ganaderos, calculadas como un 30% de los ingresos del último año fiscal, con un mínimo de 5.000€ y un máximo de 25.000€, además de otras medidas complementarias ligadas, entre otras, a caminos rurales y al seguro agrario.
La principal crítica del sector en Extremadura es que el Real Decreto limita la aplicación a un número reducido de localidades. Según Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, Extremadura tiene 388 municipios (165 en Badajoz y 223 en Cáceres), pero el texto recoge ayudas únicamente para 53, dejando fuera 335 localidades, lo que equivale a un 87% del territorio. Estas organizaciones reclaman que se rehaga el planteamiento para incluir a todos los municipios donde se hayan producido daños por precipitaciones y desembalses.
En la misma línea, Asaja Extremadura ha pedido al Gobierno que se incluya por completo la provincia de Cáceres y la mayoría de comarcas de Badajoz que, según sostiene, han quedado excluidas, pese a las inundaciones de miles de hectáreas y los daños en instalaciones. También ha cuestionado que una parte de las medidas anunciadas dependa de la contratación de seguros en un contexto en el que, según su visión, el sistema no estaría respondiendo como debería en siniestros de esta magnitud.
Daños en cultivos, ganadería y apicultura
Más allá de la cobertura municipal, las organizaciones agrarias coinciden en el alcance de los daños. UPA-UCE Extremadura sitúa las pérdidas en 200 M€ y describe afecciones en todo tipo de cultivos, tanto de secano como de regadío, además de daños en naves agrícolas, cercados y otras infraestructuras. En ganadería, añade problemas de acceso para alimentar al ganado, casos de mortalidad en terneros asociados a procesos infecciosos favorecidos por la humedad y complicaciones en ovino relacionadas con el manejo y las parideras. También alerta de pérdidas importantes en apicultura por la inundación de colmenas y pide un seguimiento que no deje fuera a explotaciones sin seguro, citando el caso del tomate.
Por su parte, Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres cifran el coste de los daños recientes en 120 M€, con 80 M€ en superficies agrícolas y 40 M€ en instalaciones ganaderas y muerte de animales, y rebajan credibilidad a estimaciones más bajas difundidas por el sistema asegurador. En paralelo, apuntan a comarcas que, según indican, quedarían sin apoyo pese a estar afectadas, como Campiña Sur (cereales), zonas de aceituna tardía (Monterrubio, La Serena, La Siberia y parte de la zona centro) y fincas próximas a áreas afectadas por desembalses en la cuenca del Guadiana.
En este contexto, las organizaciones han pedido también implicación de la Junta de Extremadura con ayudas adicionales, como ha hecho la Junta de Andalucía.
Las organizaciones advierten de que la situación seguirá siendo crítica mientras no se corrija el alcance del texto y reclaman que el Gobierno rectifique para que las ayudas borrascas Extremadura municipios excluidos no se traduzcan en explotaciones sin cobertura en áreas con daños acreditados. El debate sobre las ayudas borrascas Extremadura municipios excluidos se ha convertido así en el eje de las peticiones inmediatas del campo extremeño, que no descarta nuevas movilizaciones si no hay cambios.
Granada rechaza el recorte territorial
En Andalucía, ASAJA Granada también ha reconocido la rapidez de respuesta del Gobierno y de la Junta de Andalucía, pero considera inaceptable que el Real Decreto limite las zonas afectadas en la provincia a la comarca de la Vega, Montefrío, la Costa y Alhama, dejando fuera la zona norte (Guadix, Baza y Huéscar), la Alpujarra, el Valle de Lecrín y los Montes Orientales, donde afirma que se han registrado daños relevantes.
Según la organización, esta delimitación supone que más de la mitad del territorio granadino quedaría excluido pese a existir perjuicios en todas las áreas afectadas, como pérdida de cosecha de aceituna caída en el suelo, olivos arrancados o tumbados, caminos cortados con imposibilidad de acceso a fincas, sistemas de riego rotos y anegación de cultivos. Aunque la afección no habría sido homogénea, ASAJA Granada sostiene que las herramientas técnicas actuales permiten identificar con precisión las explotaciones perjudicadas y considera injustificable que agricultores con pérdidas demostrables queden fuera del decreto, generando desigualdad entre productores afectados por los mismos fenómenos.
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