Las microempresas y pymes de sectores como la panadería, la carnicería y la pesca afrontan un reto añadido con la próxima implantación del sistema VeriFactu, que obligará a sociedades y autónomos a utilizar programas de facturación electrónica certificados y a remitir la información a la Agencia Tributaria de forma segura e inmediata entre enero y julio de 2026.

CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA comparten los objetivos de transparencia y control fiscal de la norma, pero advierten de que su aplicación inmediata, sin medidas de apoyo, puede comprometer la viabilidad de miles de establecimientos artesanos y de proximidad. En este contexto, las organizaciones reclaman una moratoria VeriFactu para microempresas y pymes que tenga en cuenta su realidad económica y tecnológica.

Moratoria y exenciones inspiradas en los modelos de TicketBAI y Francia

Las confederaciones recuerdan que la estructura empresarial de sus sectores se basa en microempresas y autónomos con recursos humanos, técnicos y financieros limitados. Según los estudios citados por estas organizaciones, como el de PIMEC Comerç en Cataluña, la implantación inmediata del sistema puede suponer un riesgo real para la continuidad de muchos comercios por los costes de software, hardware, asesoramiento y formación, unidos a la falta de soporte especializado.

Ante esta situación, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA plantean cuatro líneas de actuación:

1. Una moratoria general mínima de dos años en la obligación de uso del sistema, como parte de una moratoria VeriFactu para microempresas y pymes que permita una adaptación progresiva hasta 2028.
2. Exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años.
3. Mayor flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas y ayudas adicionales para negocios con baja capacidad tecnológica o económica.
4. Deducciones fiscales en IRPF o Impuesto de Sociedades para compensar parcialmente la inversión e incentivar a quienes se adapten antes.

Las entidades citan el precedente del País Vasco con el sistema TicketBAI, donde se introdujeron exenciones para personas físicas mayores de 60 años sin personal contratado y para sociedades civiles o comunidades de bienes en las que todos sus integrantes cumplían ese requisito, además de la posibilidad de renunciar voluntariamente a la exoneración. También señalan el calendario escalonado que Francia ha diseñado para la facturación electrónica: una fase piloto en enero de 2026; desde el 1 de septiembre de 2026, obligación de recibir factura electrónica para todas las empresas y de emitirla para grandes y medianas; y, desde el 1 de septiembre de 2027, obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y microempresas, con una posible armonización con la normativa europea entre 2028 y 2030.

Plan de choque: apoyo económico, técnico y formativo

Junto a la moratoria y las exenciones, las organizaciones consideran imprescindible un plan de choque específico para el comercio de proximidad. En el ámbito económico, proponen subvenciones directas para la compra y adaptación de programas y sistemas de facturación compatibles, deducciones fiscales que compensen parte de la inversión, líneas de financiación bonificada y exenciones temporales de cuotas o tasas ligadas a la adaptación tecnológica en los establecimientos de menor facturación.

En el terreno técnico, plantean la elaboración de guías prácticas y tutoriales adaptados a la realidad de las microempresas, la puesta en marcha de un servicio de acompañamiento digital con consultores especializados y la coordinación con proveedores tecnológicos para garantizar soluciones asequibles, seguras y fáciles de usar.

En cuanto al apoyo formativo, las propuestas incluyen programas de capacitación gratuitos, tanto presenciales como online, talleres territoriales en colaboración con asociaciones de comerciantes y campañas de comunicación que expliquen de forma sencilla las obligaciones y ventajas del nuevo sistema de facturación electrónica.

Las confederaciones recuerdan que los negocios artesanos y tradicionales que representan desempeñan un papel clave en la cohesión social, la dinamización de barrios y pueblos y la calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, piden al Gobierno un enfoque proporcional que combine los objetivos de control fiscal con la supervivencia de las microempresas y pymes, mediante una implantación flexible de VeriFactu hasta 2028, exenciones para los mayores, una moratoria sancionadora y medidas de apoyo económico, técnico y formativo que eviten que alguna empresa quede atrás en el proceso de digitalización fiscal.