La reducción del 18% en las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) propuesta por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 podría tener un efecto notable tanto sobre la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones como sobre el presupuesto de millones de hogares europeos, según el análisis de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En este contexto, más de 10.000 agricultores y ganaderos de distintos países de la Unión Europea (UE) se manifestarán en Bruselas el próximo 18 de diciembre para protestar contra el recorte del 18% de la PAC, la propuesta de reforma, los acuerdos de libre comercio con terceros países como Marruecos o Mercosur y la creciente carga burocrática.

Una movilización europea contra el recorte del 18% de la PAC

La protesta en Bruselas se enmarca en una movilización promovida por la organización europea de agricultores y cooperativas COPA-COGECA, a la que se sumará COAG con una amplia delegación de agricultores y ganaderas de distintas comunidades autónomas. La organización considera que el ajuste presupuestario tendría un impacto “devastador” en la sostenibilidad de las explotaciones familiares y denuncia que el campo vuelve a situarse como “variable de ajuste” en las negociaciones comunitarias.

COAG insiste en que la PAC no debe entenderse como un gasto sino como una inversión estratégica en seguridad y soberanía alimentaria, así como en el mantenimiento del medio rural y la producción agraria sostenible. En este contexto, su secretario general, Miguel Padilla, resume la preocupación del sector con una frase contundente: “Es demencial priorizar tanques frente a patatas”.

Un agujero de 877,5 M€ al año para el campo español

Según los cálculos de los servicios técnicos de COAG, la reducción del 18% en las ayudas directas de la PAC sobre un volumen actual de 4.875 M€ se traduciría en una pérdida directa de 877,5 M€ anuales para las rentas agrarias en España. Estas ayudas representarían en torno al 12,91% de la renta agraria bruta, lo que ilustra el grado de dependencia de las explotaciones respecto a los pagos directos.

Para compensar ese déficit, los productores se verían obligados a repercutir en origen un incremento medio del 2,32% en los precios percibidos por sus productos, según el análisis de COAG. La organización recuerda que, en la práctica, cualquier aumento en el primer eslabón de la cadena alimentaria suele trasladarse con rapidez hacia los eslabones posteriores, mientras que las bajadas rara vez se reflejan de forma equivalente en el precio final que paga el consumidor.

En este sentido, COAG utiliza como referencia el índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), que la organización publica junto a asociaciones de consumidores desde 2008. Este indicador muestra que, de media, los precios se multiplican por cuatro desde el productor hasta el consumidor, lo que refuerza la preocupación por el impacto que podría tener el recorte del 18% de la PAC sobre la cesta de la compra.

De la renta agraria al supermercado: cuánto podría subir la cesta de la compra

A partir de estos parámetros, COAG ha elaborado una estimación del efecto inflacionario potencial en el precio de venta al público de los alimentos. El análisis plantea dos escenarios para el incremento del precio final al consumidor:

1- En un escenario conservador, en el que industria y distribución absorben el 30% del incremento de costes, el encarecimiento medio de la cesta de la compra sería del 6,5%.
2- En un escenario pesimista, en el que la totalidad del aumento de costes se trasladara al consumidor final, el encarecimiento alcanzaría el 9,3%.

Aplicando estos porcentajes al gasto medio anual de 5.391€ por hogar en alimentos y bebidas no alcohólicas (dato de 2024), COAG calcula que el impacto directo se situaría entre 350€ al año por hogar en el escenario conservador y 501€ al año en el escenario pesimista. En términos mensuales, el sobrecoste oscilaría entre 29,17€ y 41,75€ por familia.

La organización advierte de que este encarecimiento supondría un golpe más severo para los hogares con menor capacidad económica, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a gastos básicos como vivienda, suministros y alimentación. COAG alerta, además, de que podría acelerarse la sustitución de alimentos frescos y de calidad por alternativas más baratas y menos saludables, con el consiguiente deterioro de la dieta mediterránea.

Parámetros del cálculo de COAG sobre la presión inflacionaria

El modelo de COAG para estimar la presión inflacionaria derivada del recorte del 18% de la PAC se apoya en varios parámetros cuantitativos:

1- Pérdida de ayuda directa: 877,5 M€ anuales, resultado de aplicar el recorte del 18% sobre un volumen actual de 4.875 M€ en ayudas directas.
2- Peso de las ayudas directas de la PAC en la renta agraria: 12,91% de la renta agraria bruta, lo que refleja el nivel de dependencia del sector de estos pagos.
3- Presión de coste agrario: incremento del 2,32% en los precios en origen necesario para compensar la pérdida de ingresos.
4- Participación del productor en el precio de venta al público: en el modelo utilizado, se asume que el productor percibe alrededor del 25% del precio final, lo que implica un multiplicador medio de 4 a lo largo de la cadena.
5- Aumento neto del precio de venta al público: 6,5% en el escenario conservador, con absorción parcial de costes por parte de industria y distribución, y 9,3% en el escenario pesimista, cuando el incremento se traslada íntegramente al consumidor.

COAG subraya que se trata de estimaciones, pero considera que ilustran el vínculo directo entre el recorte del 18% de la PAC, la pérdida de renta agraria y el encarecimiento de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores europeos. A su juicio, cualquier decisión de ajuste presupuestario en el marco de la PAC debería tener en cuenta no sólo el equilibrio económico de las explotaciones profesionales, sino también las consecuencias sobre el poder adquisitivo de los hogares y sobre la seguridad alimentaria en la UE.