Diversas organizaciones europeas del sector agroalimentario, junto con entidades defensoras del medio ambiente y los derechos laborales, han vuelto a manifestar una postura conjunta contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, actualmente impulsado por la Comisión Europea. Consideran que el tratado supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria europea, los objetivos ambientales, el bienestar animal, los estándares laborales y la sostenibilidad económica de los agricultores europeos.

Según estas organizaciones, el acuerdo facilitaría la entrada en la UE de importaciones a bajo coste de arroz, aves de corral, carne de vacuno, azúcar, maíz y etanol, producidos bajo estándares considerablemente más débiles que los exigidos en Europa. Señalan que esto generaría un escenario de dumping social y ambiental, ya que en muchos casos los países de Mercosur operan sin las mismas obligaciones en materia laboral, de deforestación, gestión sostenible de tierras, emisiones o uso de pesticidas. Destacan que, por ejemplo, más de 30 sustancias activas permitidas en caña de azúcar en Brasil están prohibidas en remolacha azucarera dentro de la UE y que el 52 % de las sustancias autorizadas en maíz en Mercosur no lo están en Europa.

Las cláusulas de sostenibilidad del acuerdo, advierten, no son vinculantes ni suficientes para evitar impactos en salud, medio ambiente o empleo, dejando a los productores europeos en una situación de competencia desleal.

Riesgos económicos, sanitarios y laborales

Los efectos económicos ya se perciben, según estas organizaciones. Un tercio de las importaciones de aves de corral que recibe la UE proviene actualmente de países de Mercosur, y se prevé un incremento de las compras de carne de vacuno, azúcar, maíz, miel y etanol. La ausencia de reciprocidad en estándares y costes de producción, unida a una mayor liberalización comercial, agrava el desequilibrio competitivo. Esto, señalan, puede traducirse en pérdidas de empleo, cierres de explotaciones y paralización de industrias agroalimentarias europeas.

También alertan de que el acuerdo debilitaría la confianza del consumidor, podría desestabilizar mercados y pondría en riesgo los niveles de calidad y seguridad alimentaria que caracterizan a la agricultura de la UE.

En materia de bienestar animal, sostienen que los países de Mercosur están muy lejos de cumplir protecciones equivalentes a las europeas, generando una desigualdad ética evidente. A ello se suman riesgos sanitarios: auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) han detectado deficiencias en la vigilancia de la influenza aviar en Brasil, posibles infradeclaraciones de brotes y el uso de métodos de descontaminación prohibidos en la UE, como el lavado de carne de ave con cloro.

Asimismo, preocupa la falta de trazabilidad completa en algunos países de Mercosur, especialmente en el caso de la carne de vacuno, lo que impide garantizar el origen real del ganado o si procede de zonas deforestadas.

En el ámbito laboral, las organizaciones denuncian que la debilidad de las protecciones en los países de Mercosur aumenta el riesgo de explotación. A pesar de haber ratificado convenios esenciales de la OIT, se registran incumplimientos relacionados con trabajo forzado, servidumbre por deudas y trabajo infantil. Según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional, todos los países de Mercosur salvo Uruguay presentan vulneraciones recurrentes de derechos como libertad de asociación, negociación colectiva o derecho de huelga. Esto, afirman, podría influir negativamente en salarios y condiciones laborales dentro de la propia UE mediante la entrada de productos asociados a prácticas deficientes.

Dudas sobre los mecanismos de control y salvaguardia

Las organizaciones consideran que las salvaguardias introducidas recientemente en el acuerdo carecen de eficacia real y están diseñadas más como herramienta comunicativa que como mecanismo de protección. Señalan que los umbrales para activar estas medidas son tan elevados que difícilmente llegarían a aplicarse, dejando sin defensa a los sectores afectados. Además, critican que las cláusulas ambientales, laborales y de deforestación carecen de mecanismos coercitivos y no incluyen sanciones, lo que impide garantizar su cumplimiento.

También alertan de que continúa en riesgo la pérdida anual de decenas de miles de hectáreas de superficie forestal en los países firmantes. La inclusión de un “mecanismo de reequilibrio” —una figura única dentro de los acuerdos comerciales europeos— genera inquietud adicional, ya que a su juicio evidencia la falta de capacidad de la UE para defender sus propios estándares en el marco del tratado.

Las entidades concluyen que el acuerdo sigue siendo inaceptable y lo consideran una traición a agricultores, trabajadores y consumidores. A su juicio, las instituciones europeas deberían orientar sus esfuerzos hacia políticas coherentes que refuercen la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y un comercio verdaderamente transparente y justo.

Las organizaciones denunciantes son:

AVEC – Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU countries

CEFS – European Association of Sugar Manufacturers

CEPM – European Confederation of Maize Production

CIBE – International Confederation of European Beet Growers

COPA-COGECA – The united voice of farmers and their cooperatives in the European

Union

EFFAT – European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions

ePURE – European Renewable Ethanol Association

iEthanol – European Industrial & Beverage Ethanol Association

SELMA – The Sustainable European Livestock & Meat Association

Via Campesina – We are the collective voice of peasant farmers in Europe