Un equipo liderado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado los descartes de frutas y hortalizas antes de su entrada en los circuitos comerciales entre 2018 y 2024 en España. El estudio, publicado en la revista Water, estima que durante este periodo se desecharon más de 480.000 toneladas de productos, lo que equivale a un consumo de casi 36 hectómetros cúbicos de agua —36.000 millones de litros—, suficiente para llenar 14.400 piscinas olímpicas. Las emisiones asociadas ascienden a casi 37.000 toneladas de dióxido de carbono.

España es uno de los países europeos más vulnerables al estrés hídrico: más del 60 % de su territorio se encuentra en zonas áridas. A pesar de ello, el país ha consolidado una potente agricultura intensiva sustentada en el aprovechamiento de los recursos hídricos mediante embalses, trasvases, explotación de acuíferos y desaladoras, lo que ha permitido mantener una producción orientada tanto al mercado interno como a la exportación.

Según el investigador de la EEZA-CSIC Jaime Martínez Valderrama, autor principal del estudio junto a expertos de la Universidad de Alicante y de la King Abdullah University of Science and Technology (Arabia Saudí), este modelo de éxito productivo “oculta profundas ineficiencias”. El creciente desequilibrio entre la demanda y la disponibilidad de agua, agravado por el cambio climático, sitúa a España entre los países con mayor estrés hídrico del mundo. En este contexto, cada fruta o hortaliza descartada representa también agua, energía y emisiones desaprovechadas.

Más allá de las cifras, los investigadores destacan que los resultados evidencian un problema estructural. El modelo agroalimentario actual, centrado en la rentabilidad a corto plazo y en la competencia de precios, tiende a ignorar los costes sociales y ambientales de la producción. Esto deriva en la sobreexplotación de los recursos hídricos, la degradación del suelo, la pérdida de valor en origen y condiciones laborales precarias en el campo.

El estudio subraya la necesidad de replantear las prácticas agrícolas y avanzar hacia un modelo más sostenible que combine la rentabilidad con la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Martínez Valderrama insiste en que la gestión del agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valoración justa del trabajo agrícola deben situarse en el centro de las políticas agrarias si se quiere garantizar el futuro del sector en un país cada vez más expuesto a la escasez hídrica.