La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Donald J. Trump ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) iniciar una investigación sobre las principales industrias cárnicas del país por posibles prácticas de colusión, fijación y manipulación de precios. La decisión se dirige a los grandes conglomerados —en su mayoría de capital extranjero— que controlan la mayor parte del suministro de carne en Estados Unidos y que han sido acusados de inflar artificialmente los precios en perjuicio de agricultores, ganaderos y consumidores.

En su cuenta oficial, Trump publicó un mensaje en el que instó al DOJ a actuar “de inmediato” para investigar a las empresas cárnicas que “están elevando el precio de la carne de vacuno mediante colusión ilícita, manipulación y fijación de precios”. El presidente subrayó que su administración “siempre protegerá a los ganaderos estadounidenses” y que “no permitirá que las corporaciones obtengan beneficios ilegales a costa del pueblo estadounidense”.

Concentración del mercado y dominio extranjero

Según datos de la Casa Blanca, las cuatro grandes industrias cárnicas —JBS (Brasil), Cargill, Tyson Foods y National Beef— controlan actualmente el 85 % del mercado estadounidense de procesamiento de carne de vacuno, frente al 36 % en 1980. Dos de estas empresas, incluida JBS, la mayor industria cárnica del mundo, son de propiedad o control extranjero.

El comunicado oficial señala que esta concentración “ha aniquilado la competencia y perjudicado gravemente a los ganaderos”. En la década de 1980, las cuatro principales industrias compraban un tercio del ganado de engorde; a mediados de los noventa, esa cifra superó el 80 %, y desde entonces su poder de mercado no ha dejado de crecer.

Impacto en productores y consumidores

La Casa Blanca asegura que esta situación ha provocado la explotación tanto de los productores como de los consumidores, con una reducción de los pagos a los ganaderos, una disminución del tamaño de los rebaños, un aumento de los precios al consumidor y un riesgo creciente para la seguridad alimentaria nacional.

La investigación del Departamento de Justicia busca determinar si estas compañías han violado las leyes antimonopolio mediante prácticas de coordinación de precios o restricción de la capacidad de producción. El objetivo, según el comunicado, es “restablecer la competencia leal, proteger la seguridad alimentaria de Estados Unidos y erradicar cualquier colusión ilegal”.