El sector del ajo en España atraviesa una coyuntura crítica que amenaza la viabilidad de las explotaciones en la próxima campaña, según alerta la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos de España (ANPCA). La organización denuncia una combinación de factores inéditos que ponen en riesgo la continuidad del cultivo tanto a nivel nacional como europeo.

Uno de los problemas más graves es el agotamiento de los contingentes arancelarios de importación de terceros países, una situación sin precedentes que está facilitando la entrada masiva de ajo extranjero en los mercados comunitarios. Este producto, además, no está sometido a las estrictas exigencias fitosanitarias que deben cumplir los agricultores europeos.

A ello se suma el fuerte incremento de los costes de producción, derivado de los bajos rendimientos causados por la falta de materias activas para combatir plagas y enfermedades. La ausencia de soluciones fitosanitarias eficaces sitúa al ajo europeo en clara desventaja frente a sus competidores internacionales, con una pérdida evidente de competitividad.

El ajo se considera un cultivo estratégico no solo por su peso económico, sino también por su relevancia social en las zonas rurales, donde contribuye a fijar población, generar empleo y dinamizar la industria agroalimentaria. La actual situación, según la ANPCA, amenaza con condenar este cultivo a la desaparición, lo que supondría un duro golpe para la economía rural.

La asociación señala, además, que el arancel disuasorio de 1.200€/t, vigente desde 2001, ha perdido gran parte de su efecto protector. La inflación acumulada en España entre 2001 y 2025 es del 77%, lo que, a juicio de la organización, deja al sector en una situación de vulnerabilidad. ANPCA calcula que, si se actualizara el arancel a la realidad actual, debería situarse en 2.130€/t para ofrecer la misma protección que en el momento de su implantación.

Ante este escenario, la asociación plantea tres líneas de actuación prioritarias: la actualización del arancel disuasorio a niveles acordes con la inflación acumulada, la autorización y registro de materias activas mediante un sistema único de Límites Máximos de Residuos (LMR) definidos a nivel europeo, y un refuerzo en la vigilancia aduanera para garantizar que las importaciones de terceros países cumplan las mismas normas que la producción comunitaria.

ANPCA subraya que el momento es decisivo y advierte de que, sin medidas inmediatas, el ajo español y europeo puede quedar relegado en los mercados internacionales, con consecuencias irreversibles para miles de familias ligadas al cultivo. La asociación, que es actualmente la mayor organización europea del sector, representa una superficie asociada de 10.530 hectáreas en 2025 y comercializó más de 220M kg en la pasada campaña, lo que equivale a más del 80% de la producción nacional y al 65% de la europea. Reúne a 67 empresas comercializadoras y cerca de 1.800 productores.