La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha manifestado su rechazo a la nueva propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea, al considerar que supone un cambio de rumbo inaceptable respecto al marco actual. Así lo ha trasladado a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) durante la reunión del Consejo Agrario autonómico, en la que también ha participado la Unión de Cooperativas Urcacyl.

Según la Junta, el nuevo planteamiento comunitario debilita la estructura de la PAC al eliminar su independencia financiera y estratégica. Uno de los elementos más criticados es la unificación de los actuales fondos FEAGA (pagos directos) y FEADER (desarrollo rural) dentro de un fondo multisectorial, cuya gestión quedaría en manos de cada Estado miembro a través del nuevo Plan de Asociación Nacional y Regional (PNR). La Consejería ha advertido de que esta fórmula acentuará las diferencias entre territorios y generará competencia desleal entre los agricultores europeos.

Un modelo que penaliza a los profesionales

Otro de los aspectos señalados como especialmente perjudiciales es la introducción de un sistema de ayudas decrecientes —la llamada degresividad— a partir de los 20.000 €, así como la imposición de un límite máximo por beneficiario. Desde la Junta se considera que estas medidas perjudican directamente al modelo profesional que caracteriza a buena parte del campo de Castilla y León.

La Consejería también ha mostrado su preocupación por el retroceso que supondría la desaparición de un fondo específico para el desarrollo rural, ya que este quedaría integrado en una estructura general sin garantía de financiación. En este contexto, advierte de que las políticas de apoyo a jóvenes agricultores o a las inversiones en regadío quedarían más expuestas a recortes.

Un frente común y nuevas acciones políticas

Ante este escenario, la Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la defensa de una PAC sólida y específica para el campo profesional. Para ello, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto con las OPAS, que han respaldado sin fisuras esta postura.

Además, la Consejería ha solicitado junto a otras comunidades autónomas una Conferencia Sectorial urgente con el Ministerio de Agricultura para analizar en profundidad el documento comunitario. También aprovechará su participación este semestre en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea para buscar apoyos a nivel europeo y promover cambios en el texto actual.

Las reivindicaciones de Castilla y León están recogidas en una declaración institucional firmada en mayo con las organizaciones agrarias y Urcacyl, donde se defiende un presupuesto sólido, precios justos, mayor simplificación administrativa, apoyo a la incorporación de jóvenes y el mantenimiento de inversiones clave en el medio rural.