La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado la falta de determinación política en los recientes avances sobre la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM), debatidos en el Consejo AGRIFISH y repasados en el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria celebrado este martes en el Ministerio de Agricultura.

Según la organización, el funcionamiento actual de la cadena alimentaria perjudica sistemáticamente a los productores, colocándolos en situación de vulnerabilidad frente a la industria y la distribución. Unión de Uniones considera que las normativas europeas y estatales están blanqueando esta realidad, al poner el foco regulador sobre los agricultores y no sobre el resto de los agentes de la cadena.

En esta línea, la organización reprocha que la propuesta de modificación de la OCM no contemple medidas dirigidas a limitar el poder de la industria o la distribución, como la prohibición de reventa a pérdidas o la inclusión de una definición clara de «posición de dominio».

Desde Unión de Uniones aseguran que, si el objetivo de la reforma es mejorar la posición de los productores en la cadena, los cambios propuestos producirán el efecto contrario. A su juicio, sin controles ni límites que frenen la especulación y los abusos, los agricultores seguirán soportando las consecuencias, mientras otros eslabones saldrán indemnes.

Asimismo, alertan de que muchas de las modificaciones planteadas por la Comisión Europea no solo no refuerzan la posición de los agricultores, sino que suponen un retroceso respecto a los logros conseguidos en normativas anteriores, como la Directiva (UE) 2019/633. Además, denuncian que la postura actual del Consejo, lejos de corregir esta orientación, introduce flexibilidades que podrían agravar la situación.

La organización, que ya trasladó propuestas de enmienda a los eurodiputados, reitera al Parlamento Europeo la necesidad de asumir una posición negociadora firme, que corrija los elementos más perjudiciales del texto. Entre ellos, destaca la preocupación por la posible supresión de la obligatoriedad de los contratos por escrito en numerosas relaciones comerciales.