La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otra, además de a tres empresas frutícolas de la comarca del Bajo Cinca (Huesca) y tres empresas de trabajo temporal de Castellón, Barcelona y Madrid, por emplear a cerca de 200 trabajadores en condiciones precarias durante la campaña de recogida de fruta.

La operación se inició a comienzos de junio tras recibir tres denuncias en las que se alertaba de la existencia de trabajadores extranjeros alojados en condiciones que vulneraban sus derechos laborales y de extranjería, tanto en dos viviendas del municipio de Candasnos como en una finca donde antiguamente funcionaba un establecimiento hostelero.

Viviendas insalubres y riesgo para la seguridad

Las inspecciones de la Guardia Civil, con la colaboración del Ayuntamiento de Candasnos y los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, revelaron que unas 50 personas, entre ellas dos familias con menores, residían en viviendas con peligro de derrumbe. En la finca del antiguo hostal se hallaron 147 personas hacinadas, con canalización deficiente de aguas residuales, instalaciones eléctricas precarias y un riesgo evidente de incendio. Además, se detectaron obras no autorizadas para ampliar el número de habitaciones y alojar a más personas.

Ante esta situación, se procedió a registrar la finca y detener a dos hombres, de 61 y 52 años, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Fraga.

Trabajadores contratados bajo el programa GECCO

Los trabajadores contaban con autorizaciones de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada en régimen de migración circular. Habían sido contratados en sus países de origen a través del procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), gestionado por el Ministerio de Migraciones, para realizar labores en la temporada frutícola a través de empresas de trabajo temporal.

Una de las empresas implicadas retenía parte del salario de los trabajadores en concepto de alojamiento, transporte diario y otros servicios. Además, imponía condiciones laborales abusivas, como el pago diferido del billete de vuelta al país de origen, reduciendo aún más su retribución real.

Beneficio económico mediante el alojamiento

Los investigadores han podido constatar que el propietario de los inmuebles estaba vinculado con los empresarios responsables de las contrataciones, estableciendo una red para obtener beneficios a través del alojamiento de los trabajadores en condiciones irregulares.

Ante el riesgo que presentaban parte de las instalaciones, se coordinó con los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Candasnos el realojo de algunos de los trabajadores, a cargo de una de las empresas implicadas. El resto fue reubicado bajo responsabilidad de una empresa frutícola.

La operación ha contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, Protección Civil del Bajo Cinca y Cruz Roja.