La Junta de Andalucía ha formalizado este lunes la concesión de 5 hectómetros cúbicos anuales de agua procedente de la desaladora Mar de Alborán para el riego de 1.429 hectáreas en el Campo de Níjar, en la provincia de Almería. La autorización, que tendrá una vigencia de 50 años, ha sido otorgada a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Campo de Níjar y a las comunidades de regantes Los Morenos y El Cautivo.

El volumen autorizado garantiza una dotación de 3.500 m³ por hectárea y año, que los agricultores ya venían utilizando desde agosto mediante una autorización temporal. Esta medida se activó tras un acuerdo entre los usuarios y Aqualia, empresa propietaria de la desaladora, con el objetivo de permitir el arranque de la campaña agrícola con normalidad.

La entrega de la resolución se ha celebrado en la Delegación del Gobierno de Almería, donde el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha defendido que esta concesión “representa una oportunidad para los agricultores de afrontar el futuro con mayor seguridad” en una zona que sufre de forma crónica los efectos de la sequía.

Fernández-Pacheco ha destacado también la agilidad administrativa con la que se pusieron en marcha las autorizaciones previas y ha recordado que las obras de ampliación de la desaladora, que permitirán cuadruplicar su capacidad hasta alcanzar los 20 hm³ anuales, avanzan a buen ritmo. Está previsto que esta ampliación esté operativa este verano, lo que permitirá extender la superficie de riego hasta las 5.714 hectáreas. Este aumento de capacidad conllevará futuras modificaciones de la actual concesión.

Además de resaltar la importancia de esta infraestructura para la recuperación del acuífero de Níjar, actualmente sobreexplotado, el consejero ha señalado que la desaladora Mar de Alborán ha sido reconocida como una de las cuatro mejores del mundo en unos premios internacionales celebrados recientemente en París.

Durante su intervención, ha instado también al Gobierno central a priorizar las actuaciones hídricas en el sureste peninsular, agilizando las obras de desaladoras declaradas de interés general y rectificando el recorte del trasvase Tajo-Segura, por el impacto que podría tener sobre la agricultura del Levante almeriense y del sureste español.