La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado los datos del mercado del aceite de oliva correspondientes al mes de abril, donde se constata un mantenimiento del ritmo de salidas, con 117.071 t vendidas (sin contar importaciones), en línea con los registros de los tres meses anteriores. Según ASAJA Jaén, si esta tendencia continúa, el enlace de campaña no superará las 400.000 t, lo que apunta a un stock muy reducido para el inicio de la siguiente campaña.

En términos de producción, abril cerró con 3.506 t, lo que eleva la cifra acumulada en España a 1.410.494 t. De ellas, Andalucía concentra 1.138.792 t, con Jaén como principal productora, aportando 557.284 t. En cuanto a las existencias, estas alcanzan las 881.938 t, repartidas entre almazaras y cooperativas (666.458 t), envasadoras (205.645 t) y el Patrimonio Comunal Olivarero (9.835 t).

Sin embargo, este dinamismo comercial contrasta con la creciente preocupación del sector por la pérdida de rentabilidad derivada del hundimiento de los precios. Desde octubre de 2024 hasta abril de 2025 se han vendido 867.992 t de aceite de oliva, un 61,56 % de la producción total, pero a un precio medio en origen de 3,22 €/kg, muy por debajo del umbral de rentabilidad del olivar tradicional, situado por encima de los 5 €/kg.

Según UPA Andalucía, los olivareros están perdiendo 8 M€ diarios. En total, la organización calcula que se han dejado de ingresar 2.800 M€ en estos siete meses. A pesar de que la campaña mundial es inferior a la del año pasado, los precios están en niveles injustificadamente bajos. El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, se pregunta cómo puede explicarse que con menos oferta global, los precios hayan caído desde los 9 €/kg del año pasado hasta los 3 €/kg actuales.

Desde la organización se insiste en la necesidad de que la Administración implemente mecanismos eficaces para garantizar precios justos, tanto para el productor como para el consumidor. Asimismo, se hace un llamamiento al sector productor a actuar con responsabilidad en la comercialización y defender unos precios que cubran los costes reales del olivar tradicional.