La falta de mano de obra en el sector agrario extremeño ha vuelto al centro del debate tras la reciente presentación de un plan por parte del delegado del Gobierno en Extremadura para regularizar la situación de una pequeña parte de la población inmigrante en situación irregular. La medida, sin embargo, ha sido criticada por la organización agraria La Unión de Extremadura por no abordar de forma efectiva ni la problemática social de casi medio millón de personas en situación irregular en España, ni las necesidades laborales del campo extremeño.

Actualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que hay entre 390.000 y 470.000 inmigrantes irregulares en el país. Estas personas, al carecer de permiso de trabajo, no pueden acceder a empleos que, según denuncian las asociaciones empresariales, están vacantes por falta de trabajadores. En este contexto, diversas voces reclaman que la administración estatal articule medidas que permitan compatibilizar la oferta laboral existente con la disponibilidad de personas dispuestas a trabajar.

El ejemplo citado por el delegado del Gobierno en Extremadura —la regularización de 15 trabajadores el año pasado en esta comunidad— ha sido calificado de anecdótico e insuficiente. Las críticas señalan que esta cifra está muy alejada de las necesidades reales del campo extremeño, por lo que la propuesta no puede considerarse una solución efectiva.

Además, La Unión ha denunciado que, en la reunión convocada para abordar la falta de mano de obra en el sector agrario, no fueron invitadas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), representantes legítimos del sector. Por este motivo, se exige que en futuras convocatorias se cuente con estas organizaciones, junto a otros actores que el Gobierno considere oportunos, para lograr un enfoque verdaderamente representativo.

También han generado controversia las declaraciones realizadas por representantes sindicales en Extremadura, quienes negaron la existencia de un problema de escasez de trabajadores y atribuyeron las dificultades de contratación a las condiciones laborales ofrecidas por las empresas. Desde el ámbito agrario se recuerda que estas condiciones están reguladas por convenios colectivos firmados por los propios sindicatos, lo que ha provocado desconcierto ante la contradicción entre lo pactado y lo afirmado públicamente.

Desde La Unión se insiste en la necesidad de abordar el problema desde una doble vertiente: la inclusión laboral de personas en situación irregular que desean trabajar, y la respuesta urgente a la demanda de mano de obra por parte de los empresarios agrarios. Las medidas actuales, aseguran, no están resolviendo ninguno de los dos aspectos.