La proliferación descontrolada de especies de fauna salvaje, especialmente del conejo, está generando pérdidas severas en las explotaciones agrarias de todo el país, según ha trasladado COAG al Ministerio de Agricultura, durante la reunión bilateral mantenida con la Directora General de Mercados y Producciones Agrarios del MAPA, Elena Busutil. La organización alerta de un crecimiento exponencial de esta población tras la sequía, especialmente en zonas de cultivo donde encuentra abundante alimento. Además de dañar cosechas, los conejos excavan madrigueras que hunden el terreno y dificultan el paso de maquinaria.

COAG estima que ya hay unas 800.000 ha afectadas por el conej. Pero el problema se extiende también a la cabra hispánica, con brotes de sarna, así como a jabalíes, ciervos, corzos, ratas y topillos. Las aves también causan daños significativos: la perdiz, tras la siembra, puede provocar pérdidas del 40% en cultivos, mientras que palomas y tórtolas afectan a la producción de campañas enteras. La organización estima más de 1 millón de hectáreas afectadas y pérdidas de hasta el 90% en algunos cultivos

Las infraestructuras, como autopistas o plantas solares, están actuando como refugios para estas especies, por lo que COAG reclama a sus titulares que apliquen medidas de control, como vallados o limpieza de taludes, en base a la Ley 30/2022.

Ante esta situación, COAG propone al Ministerio una estrategia nacional basada en:

1. Un marco legal común para armonizar la gestión cinegética en todo el país.
2. Reforzar el papel de la caza como herramienta de control poblacional.
3. Utilizar fondos europeos para incentivar cultivos y prácticas agrarias que reduzcan la presión de fauna salvaje.
4. Regular infraestructuras que actúan como refugios.
5. Establecer compensaciones económicas por daños y sistemas de prevención.
6. Evitar la reintroducción del lince en zonas críticas.
7. Priorizar métodos rápidos de control, como trampas o biocidas, y formar a los agricultores para su uso seguro.

COAG defiende que estas medidas deben garantizar un equilibrio entre biodiversidad y sostenibilidad agraria.