Los representantes de los Estados miembros reunidos esta semana en el Comité Especial de Agricultura (CEA) han aprobado el mandato de negociación del Consejo para un nuevo reglamento destinado a frenar las prácticas comerciales desleales con dimensión transfronteriza dentro de la cadena de suministro agrícola y alimentaria.

El objetivo de esta propuesta es establecer un conjunto de normas comunes que refuercen la cooperación entre autoridades nacionales cuando proveedores y compradores operan en distintos Estados miembros. Entre las medidas previstas destaca la creación de un mecanismo de asistencia mutua que permitirá a las autoridades solicitar información o pedir a otro Estado miembro que actúe en su nombre, así como un procedimiento de acción coordinada en casos de prácticas abusivas que afecten a tres o más países de la UE, con la designación de un coordinador para facilitar la respuesta conjunta.

El Consejo apoya los pilares fundamentales de la propuesta presentada por la Comisión en diciembre de 2024, pero introduce varias mejoras en su mandato. Una de ellas es la inclusión de normas específicas para afrontar los casos en que los compradores se encuentran fuera de la Unión Europea, con el fin de proteger de forma más efectiva a los agricultores europeos frente a prácticas desleales internacionales.

Otra novedad del mandato es la regulación de los costes generados por las solicitudes de asistencia mutua: el Estado miembro que solicite la acción cubrirá los gastos ocasionados en el país que lleve a cabo la investigación o ejecución, pudiendo utilizarse para ello las multas recaudadas. También se detallan los supuestos bajo los cuales un Estado podrá negarse a facilitar información o colaborar con otras autoridades, así como las condiciones para garantizar la confidencialidad y la protección de datos.

Este reglamento nace como complemento a la Directiva de 2019 contra las prácticas comerciales desleales, que se centraba en corregir los desequilibrios en el poder de negociación entre agricultores y grandes compradores. La Comisión Europea consideró necesario abordar su dimensión transfronteriza, ya que uno de cada cinco productos agrícolas o alimentarios consumidos en un país de la UE proviene de otro Estado miembro.

Con el mandato aprobado, la Presidencia del Consejo queda ahora a la espera de que el Parlamento Europeo adopte su posición para iniciar las negociaciones formales entre ambas instituciones.