Un acuerdo político provisional alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo permitirá poner en marcha una nueva legislación para la vigilancia y mejora de la salud de los suelos en toda la Unión Europea. La futura directiva busca establecer un marco común, flexible y basado en los sistemas nacionales de seguimiento, con el objetivo de garantizar suelos sanos y resilientes en beneficio de agricultores, gestores del territorio, ciudadanos y el medio ambiente.

La norma responde a los desafíos que plantea la degradación de los suelos, un fenómeno que afecta al conjunto del territorio europeo y que repercute directamente en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la economía. Además, pretende reforzar la capacidad del suelo para resistir catástrofes naturales, olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos, así como frenar procesos como la erosión, la contaminación o la pérdida de vida en el suelo.

Según el texto acordado, la directiva no impondrá obligaciones de vigilancia ni mejoras a los propietarios ni a los gestores del suelo, incluidos los agricultores. En su lugar, se centrará en ofrecer apoyo y coordinar mecanismos de seguimiento desde los Estados miembros. La Comisión Europea podrá asistir a aquellos países que lo soliciten en tareas como el muestreo, análisis y archivo de datos sobre suelos.

Los plazos para la aplicación de las medidas se han ampliado respecto a la propuesta original para facilitar su adopción progresiva. Esta directiva forma parte del Pacto Verde Europeo y se alinea con estrategias comunitarias en materia de suelos, biodiversidad y contaminación cero.

Entre las principales medidas acordadas se encuentran:

• Establecer un marco armonizado de vigilancia de la salud del suelo, con criterios comunes para determinar su estado.

• Apoyar a los gestores del territorio en la mejora de la salud y resiliencia del suelo.

• Reducir el impacto de la ocupación del suelo por infraestructuras o edificaciones, sin limitar su desarrollo, pero garantizando la prestación de servicios ecosistémicos.

• Identificar y gestionar emplazamientos potencialmente contaminados, con base en el principio de que quien contamina, paga.

La propuesta de directiva fue presentada por la Comisión Europea el 5 de julio de 2023. Se estima que entre el 60 % y el 70 % de los suelos de la UE se encuentran en mal estado. Cada año, la erosión arrastra más de 1.000 millones de toneladas de suelo, lo que implica una pérdida de productividad agrícola valorada en 1.250 M€, mientras que los costes totales de la degradación se estiman en más de 50.000 M€ anuales.

El texto aún debe ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de tres años para desarrollar su marco nacional de vigilancia y aplicar la normativa.