La votación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley de Desperdicio Alimentario –una especie de Ómnibus del campo– deja un importante impacto en términos legislativos en el campo. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha destacado varios de ellos, principalmente la ratificación del rechazo a la conversión de la Agencia de Información y Control Alimentarios O. A. (AICA) en agencia estatal, lo que la dotaría de más recursos y mayor capacidad para ayudar a agricultores y ganaderos a obtener precios justos.

UPA ha calificado de “lamentable” que se culmine el rechazo de PP, Vox, Junts y PNV a esta medida, que se produjo en el primer paso por el Congreso de esta Ley. La organización agraria comprometió esta decisión en su acuerdo de 43 Medidas con el Gobierno firmado el pasado abril y va en la línea marcada por la Comisión Europea de reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. “¿Cuáles son los motivos de este rechazo?” –se preguntan–, “Máxime cuando estos partidos se presentan a sí mismos como los más cercanos al campo español”, han señalado.

Esta medida fue una de las principales reivindicaciones en las movilizaciones de los últimos años: “el clamor de los precios justos debe concretarse en cambios normativos. Y la creación de la Agencia Estatal es para nosotros irrenunciable”, han señalado desde UPA. “Reclamaremos que el Gobierno no renuncie a la creación de esta agencia y busque vías para sacarlo adelante”.