El Pleno del Congreso aprobó ayer la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La ley prevé la obligación de tener un plan para todos los operadores de la cadena alimentaria para gestionar el desperdicio según el destino (donaciones, transformación, alimentación animal, subproductos y residuos), así como llegar a acuerdos para dar los excedentes a entidades sociales.

Finalmente, han quedado excluidas de carga burocrática pequeñas explotaciones (de 10 a 49 trabajadores) y las microexplotaciones (menos de 10 trabajadores). Esta situación hubiera implicado una carga burocrática más y un aumento de costes, porque penaliza a las explotaciones que no pueden comercializar parte de su explotación por cuestiones de mercado, normas de calidad u otras causas, señalan desde la Unió de Pagesos.

Plantas de tratamientos de purines

La organización agraria Unión de Uniones critica que el Gobierno haya vetado la votación de la medida para prorrogar la ayuda a las plantas de tratamiento de purines para cogeneración de energía, una cuestión propuesta por Unión de Uniones y que si contaba con apoyo para haber salido adelante, lo que pone en un grave problema a los ganaderos de porcino que acuden a estas instalaciones para gestionar sus purines.

También lamenta que haya quedado fuera la propuesta de Unión de Uniones para revisar los procedimientos de presas y azudes, incluyendo en los planes la obligación de audiencia pública a los afectados y la obligación de informe de impacto ambiental previo.

Ayudas para el olivar y viñedo

Según Unión de Uniones, a iniciativa suya, se ha aprobado que el Gobierno tiene dos meses para establecer una ayuda excepcional para el olivar y viñedo afectados por la sequía de pasados años, con un montante total de 370 millones de euros. En caso de incumplimiento, la organización está dispuesta a recurrir a los tribunales para que se lleve a cabo.