Unións Agrarias (UUAA) ha reiterado la necesidad de que las industrias lácteas dejen de presionar a la baja los precios y aumenten las cantidades abonadas a las explotaciones gallegas. A pesar de la campaña “Prezo xusto xa. O leite galego é de primeira”, iniciada hace dos meses, la organización agraria denuncia que las ofertas de renovación de contratos siguen sin mejoras o, en el mejor de los casos, se mantienen iguales, sin justificación de mercado.

Desde Lalín, Unións Agrarias ha denunciado la existencia de un diferencial de precio entre Galicia y el resto de España, que considera inaceptable. Aunque las cifras oficiales indican una diferencia de dos céntimos por litro, la organización asegura que al aislar los datos de Galicia de la media estatal, la brecha real asciende a cuatro céntimos.

Galicia produce el 42% de la leche de España y, según Unións Agrarias, con una calidad superior a la media, lo que justificaría un precio más alto. La organización destaca que los mayores niveles de grasa y proteína del leche gallega incrementan las ganancias de las industrias, pero esto no se traduce en una mejor retribución para los ganaderos. En 2023, esta diferencia de precio supuso una pérdida de 127 millones de euros para el sector, 14,5 millones en la provincia de Pontevedra.

La organización también señala que, mientras otros países europeos han incrementado sus tarifas, la industria láctea en Galicia sigue presentando ofertas a la baja, a pesar de que el mercado es favorable. En este sentido, Unións Agrarias recuerda que los precios de la mantequilla han alcanzado máximos históricos y el consumo de yogures y quesos ha aumentado.

Unións Agrarias reclama a la Xunta de Galicia que refuerce la Ley de Cadena Alimentaria, asegurando su cumplimiento a través de medidas como la actualización urgente del Observatorio de Costes, dotándolo de herramientas efectivas para marcar referencias en la negociación de precios. También exige la puesta en marcha de una AICA gallega con recursos y personal suficiente para garantizar su funcionamiento autónomo, además de condicionar las ayudas públicas al cumplimiento de la legislación vigente.

Asimismo, la organización insiste en la necesidad de establecer la figura del observador para asegurar la transparencia en las negociaciones entre productores e industrias. A nivel estatal, Unións Agrarias demanda modificaciones en la Ley de Cadena Alimentaria para fortalecer la protección de los productores, eliminando la obligación de presentar pruebas en caso de incumplimientos y garantizando el acceso a la documentación de las denuncias.

Finalmente, la organización también reclama medidas para acabar con las malas prácticas de los primeros compradores, quienes, según Unións Agrarias, incumplen la normativa al no negociar colectivamente los precios a través de las organizaciones de productores. Para ello, propone la creación de un Registro público de productores integrados en OPs y la implementación de herramientas más eficaces para la negociación, como la prórroga de contratos en caso de desacuerdo, la figura del mediador y el uso de indicadores de referencia objetivos pactados entre las partes.