El Consejo de Ministros aprobó ayer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. ASAJA ha manifestado su rechazo considerando que esta medida perjudicará gravemente al sector agrario. La organización denuncia que la decisión se ha tomado sin consenso con la patronal y sin atender a las particularidades del campo, lo que generará serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país.

Según ASAJA, la falta de mano de obra que ya afecta a las explotaciones se verá agravada con esta medida, que obligará a contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que supondrá un incremento de costes inasumible para muchos productores. La organización advierte de que, al reducirse la jornada laboral sin modificar los salarios, se está generando un aumento encubierto del coste salarial, lo que impactará directamente en la rentabilidad de las explotaciones.

ASAJA también recuerda que la actual reforma laboral solo permite la contratación bajo modalidades de empleo fijo o fijo discontinuo, lo que, en su opinión, dificulta aún más la adaptación del sector a esta nueva normativa. La organización insiste en que el trabajo en el campo está condicionado por factores como la climatología y los ciclos de producción, lo que hace que la reducción de la jornada no sea una medida fácilmente aplicable en el sector.

Desde la organización agraria se subraya que la medida ha sido aprobada sin consultar a los representantes del sector y sin evaluar las consecuencias que tendrá sobre la producción agrícola y ganadera. ASAJA critica que las decisiones legislativas sobre el campo se estén tomando desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajan diariamente en la producción de alimentos y conocen las necesidades reales del sector.

Ante esta situación, la organización ha anunciado que trabajará con los grupos parlamentarios para trasladarles la preocupación del sector y exigir medidas de flexibilidad que permitan adaptar la jornada laboral a las condiciones del campo. ASAJA considera imprescindible que el Gobierno y los sindicatos entiendan que las condiciones de trabajo en la agricultura y la ganadería no pueden equipararse a las de otros sectores y que cualquier modificación en la regulación laboral debería contar con la participación de todos los actores afectados.