El sector apícola profesional transhumante de las Terres de l’Ebre ha puesto sobre la mesa la necesidad de eliminar la restricción actual de 40 colmenas por colmenar en espacios naturales protegidos, establecida por la nueva Política Agraria Común (PAC). Esta medida, que hasta 2022 permitía hasta 80 colmenas, amenaza con dificultar la viabilidad de las explotaciones apícolas en un contexto de creciente presión ambiental y climática.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), junto con la Cooperativa Apícola Tarragonina y SAT LTDA Apícola El Perelló, se reunió con el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació para defender esta y otras demandas prioritarias del sector. Argumentan que no existe un estudio técnico que respalde la reducción a 40 colmenas, y destacan que estas limitaciones son competencia de las comunidades autónomas, que pueden adaptarlas según las circunstancias locales.

Permitir un mayor número de colmenas en espacios protegidos resulta vital para que las abejas accedan a una mayor biodiversidad floral en entornos seguros. Esto es especialmente importante, ya que las abejas naturales prácticamente han desaparecido debido a la varroa y otras amenazas. Además, la sequía de los últimos años ha provocado una disminución significativa de las plantas productoras de polen y néctar, obligando a los apicultores a proporcionar alimentación suplementaria para mantener sus colonias.

El sector también reclama la simplificación de trámites administrativos. Entre las demandas destaca la mejora en el registro de transporte de animales vivos, la revisión del sistema de identificación mediante el código REGA y un mayor apoyo de las oficinas comarcales en la gestión de permisos. Asimismo, se solicita la eliminación de duplicidades en la comunicación de movimientos y emplazamientos de las colmenas, ya que la Administración dispone de esta información por otras vías.

Las cooperativas apícolas subrayan que estas medidas no solo son necesarias para reducir la carga administrativa, sino también para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de un sector fundamental para la biodiversidad. Confiando en una respuesta positiva por parte de las administraciones, el sector busca consensuar soluciones que permitan proteger la apicultura en Cataluña y asegurar su futuro en un entorno cada vez más desafiante.