El gobierno de Estonia arrendó en el año 2000 tierras agrícolas de propiedad públicas a la empresa privada, Tartu Agro AS. El contrato de arrendamento tenía una duración de 25 años, por lo que todavía está vigente y el precio del arrendamiento fue a un precio inferior al del mercado. Tartu Agro AS, produce en las tierras arrendadas, entre otros productos leche, carne y cereales.

En 2017 , a raíz de una denuncia presentada por un competidor, la Comisión Europea abrió una investigación exhaustiva para determinar si un contrato de arrendamiento de tierras entre el Ministerio de Asuntos Rurales de Estonia y Tartu Agro AS se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales. 

La Comisión concluyó que el arrendamiento de tierras implicaba ayuda estatal, ya que el canon de arrendamiento pagado por Tartu Agro AS era inferior al precio de mercado y otorgaba una ventaja indebida y selectiva a Tartu Agro AS sobre sus competidores. En consecuencia ordenó a Estonia que recuperara la ayuda incompatible.

El 13 de julio de 2022 , tras un recurso de Tartu Agro AS, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión debido a errores de apreciación y falta de motivación al examinar el precio del alquiler del terreno y el valor económico y el impacto de determinadas obligaciones financieras incluidas en el contrato de arrendamiento.  

Tras la sentencia del Tribunal General, la Comisión reabrió su investigación sobre el apoyo de Estonia a Tartu Agro AS, teniendo en cuenta las conclusiones de la sentencia. Ahora, la Comisión ha confirmado que Tartu Agro AS recibió ayuda incompatible de Estonia en forma de alquiler de tierras agrícolas a un precio inferior al del mercado hasta finales de 2019, fecha a partir de la cual Estonia aumentó el canon de arrendamiento para hacer cumplir la primera decisión de la Comisión.

Estonia debe ahora recuperar la ayuda incompatible, más los intereses correspondientes. En principio, las normas de la UE exigen que la ayuda estatal incompatible se recupere sin demora para eliminar la distorsión de la competencia creada por la ayuda. El objetivo de la recuperación es restablecer la situación que existía en el mercado interior antes del pago de la ayuda, por lo que no constituye una multa. Al devolver la ayuda ilegal, el beneficiario pierde la ventaja de la que disfrutaba frente a sus competidores.

Estonia determinará el importe que debe recuperarse, de acuerdo con la metodología establecida por la CE. En este momento, no se conoce el importe total de la ayuda que debe recuperarse.