En el sector primario se ha planteado de manera reiterada la necesidad de establecer precios mínimos de venta que permitan a los agricultores y ganaderos, sobre todo a los pequeños, cubrir al menos sus costes de producción. Esta demanda surge de la falta de poder de negociación que estos productores tienen frente a los compradores, lo que los coloca en una posición de desventaja a la hora de negociar precios. Los precios de venta de productos como la leche o los cereales, a menudo, no alcanzan a cubrir los costes de producción, empujando a muchos agricultores y ganaderos a situaciones de precariedad económica.

Sin embargo, tradicionalmente, las administraciones han rechazado la posibilidad de establecer precios mínimos fijos, argumentando que tales medidas irían en contra de la libre competencia y distorsionarían el mercado. La postura oficial ha defendido que los precios deben fluctuar de acuerdo a la oferta y la demanda, y que la intervención del Estado fijando precios atentaría contra el principio de libre competencia.

Este argumento se ha mantenido firme a lo largo de los años en el sector agroganadero. Sin embargo, en el contexto actual, emerge un debate interesante y, para algunos, contradictorio. Mientras que los precios mínimos en el sector primario se rechazan en nombre de la libre competencia, surge la creciente demanda por parte de ciertos sectores políticos de establecer precios máximos en el mercado de alquileres de viviendas. Esta medida busca frenar la escalada de los alquileres y hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, protegiendo a los inquilinos de subidas abusivas.

Incluso ayer, el Banco de España justificaba, en el informe que publicó, que la intervención del mercado del alquiler estaba justificada en situaciones de «elevado esfuerzo» que pueden dar lugar a efectos económicos y sociales adversos.

En conclusión, la cuestión que se plantea es: ¿por qué en el caso del alquiler de vivienda no se invocan los mismos argumentos en defensa de la libre competencia que han sido esgrimidos en el sector agroganadero? ¿Es diferente el mercado de la vivienda respecto al de los productos agroalimentarios? ¿O se trata de un cambio en la percepción política sobre cuándo es apropiada la intervención del Estado en los precios? . La paradoja es evidente.

El contraste entre ambos escenarios invita a reflexionar sobre cómo y cuándo se esgrimen los principios económicos de la libre competencia.