Luis Miguel Mota, productor de legumbres de la Alianza UPA-COAG en Zamora dice: “hoy estoy cobrando el kilo de garbanzos a 45 céntimos, sin embargo, mi padre lo cobraba a más de 66 céntimos (110 pesetas) en 1986”.

La Alianza UPA-COAG denuncia que este sector atraviesa una compleja situación. La PAC exige el cultivo de productos mejorantes para cumplir con los eco-regímenes; uno de esos cultivos mejorantes son las leguminosas; como consecuencia de esta exigencia comunitaria, la producción de leguminosas en Castilla y León se ha duplicado en dos años. Por ejemplo, en garbanzos se ha pasado de 35.000 hectáreas sembradas en 2023 a 65.000 cultivadas en 2024. Si bien en lentejas o en alubias las subidas han sido más modestas, del entorno de un 20 por ciento de subida. Aun así, como consecuencia, los precios se han hundido.

En el caso del garbanzo, el precio ha caído a la mitad. Por las zonas zamorana y salmantina, donde se cultiva el garbanzo pedrosillano, el kilo se vendió en el entorno de los 90 céntimos o un euro en 2023 (cuando hubo baja producción por la sequía) y en 2022, cuando también se desplomó la cosecha por la subida del precio de los insumos, frente a los 45 céntimos que obtiene ahora.

Aun así, lo que parece una lógica ley del mercado, a mayor oferta menor precio, tiene un importante matiz al que se enganchan los productores de legumbres:  España importa el 80 por ciento de las legumbres que se consumen en España. Dicen por tanto los agricultores que hay margen de sobra para que su producto no se vea afectado por este boom productivo que ha generado la exigencia comunitaria de sembrar legumbres.

Nicolas Armenteros, responsable de las IGP de legumbres de la Armuña, Barco de Ávila Fuentesaúco y Pedrosillo, sostiene que no hay sector que pueda digerir con facilidad el terremoto que ha supuesto para la legumbre la exigencia de los eco-regímenes, pero que el fenómeno no ha modificado el mercado, solo lo ha revuelto más.

Por ejemplo, los operadores siguen importando porque el producto que viene de Canadá, Argentina o Estados Unidos, es más uniforme, es más estable y, en suma, le resulta mucho más rentable que el español. Sobre todo, porque las autoridades se niegan a clarificar el etiquetado: es imposible conocer el origen de la lenteja, o el garbanzo o la alubia en los lineales porque no se exigen indicaciones claras de procedencia. En esta operación, los agricultores ven un excelente trabajo lobbista por parte de los importadores.

Además, la Alianza UPA-COAG recuerda que los productores nacionales cuentan con otros dos grandes inconvenientes: los países que nos venden pueden utilizar fitosanitarios que a los agricultores españoles les están prohibidos. Un ejemplo: un pulgón perfectamente combatible con fitosanitarios ha taladrado casi un tercio de algunas cosechas por no poder ser combatido con un producto no autorizado en España.  

Además, la producción en España no es uniforme, no existen estructuras de comercialización y, sobre todo, no hay una investigación sería de variedades varietales más productivas o más comerciales.

La alianza UPA-COAG lamenta que los comercializadores se encuentren muy cómodos con los productos importados y desdeñen los nacionales. Para más abundancia, determinados intermediarios implantan la ley de la selva en el mercado. No cumplen siquiera con la Ley de la Cadena Alimentaria: pagan cuando quieren y lo que quieren. Así, el kilo de garbanzos que se vende a 45 céntimos en el campo aparece a 2,60€ (el más barato) en los lineales de los supermercados.