Las protestas agrarias no cuelgan el cartel de vacaciones. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) continuará su calendario de movilizaciones con una nueva protesta, el próximo viernes 12 de julio a las 11 horas, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para reivindicar asuntos que el ejecutivo central tiene pendientes de resolución en materia de sequía, plagas y enfermedades, fauna salvaje, robos, cadena alimentaria, comercio internacional y exigencias medioambientales.

Las principales organizaciones profesionales agrarias convocaron un acto de protesta el pasado 21 de junio ante la Conselleria de Agricultura precisamente por la falta de gestión en temas urgentes de su competencia. De la misma manera, ahora AVA-ASAJA convoca otra protesta en la Delegación del Gobierno, a la que, en esta ocasión, el resto de organizaciones han decidido no participar. Su presidente, Cristóbal Aguado, afirma que “somos objetivos y vamos a seguir manifestando nuestro malestar frente a todas y cada una de las administraciones que no atiendan nuestras reivindicaciones, sean del color que sean. El único color que nos mueve ha de ser el verde del campo”.

A través de tractores y personas concentradas en la Plaza del Temple, AVA-ASAJA reivindicará una batería de medidas al Gobierno central, tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio para la Transición Ecológica y el resto del ejecutivo que tiene competencias que afectan directa o indirectamente al sector agrario.

En el año hidrológico más seco y cálido desde que hay registros, la entidad solicita una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; y aprobar o ampliar ayudas directas a los sectores agropecuarios para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía y la guerra en Ucrania.

Respecto a la lucha contra las plagas y enfermedades, AVA-ASAJA exige impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces. Asimismo, insta a autorizar la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui; autorizar productos fitosanitarios, distintos a la familia de las estrobirulinas, para evitar resistencias en el control de la piricularia del arroz; o autorizar la materia profoxydim, un herbicida contra las malas hierbas del arroz Echinochloa y Leptochloa, tal como han aprobado los gobiernos de Italia y de Portugal.

Entre las medidas para reducir la burocracia destacan la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; implantar el régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores (aquellos que perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas al año); eliminar la obligación de tener un asesor en gestión integrada de plagas en explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 en secano; y suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. AVA-ASAJA también insiste en el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con prohibición expresa de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.

La organización agraria pide a Madrid que “se plante y deje de ser un don nadie en Bruselas”. Las demandas fundamentales consisten en exigir reciprocidad o ‘cláusulas espejo’ en todos los acuerdos comerciales con terceros países, así como la revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica; paralizar las negociaciones del tratado con Mercosur; defender una cláusula automática de salvaguardia a las importaciones de arroz; reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos; y en ese sentido reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad agraria europea, por una Ley de Restauración de la Agricultura.

Otras reivindicaciones son aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario, entre otras asignaturas pendientes.