El gobierno austriaco decidió en 2022, mediante una modificación de la Ley de Bienestar Animal, la prohibición del suelo enrejillado en todas las explotaciones porcinas. También acordó que los cerdos tenían que contar con zona de descanso propia. Con el fin de que esta nueva norma permitiera la protección de las inversiones existentes y fuera menos traumática para los ganaderos, se fijó un período de transición hasta 2040 para las explotaciones existentes. La prohibición está en vigor desde el 1 de enero de 2023 para las nuevas explotaciones.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional de Austria (VfGH) de principios de enero de este año dictaminó que el período de transición inicialmente previsto de 17 años era demasiado largo y no estaba objetivamente justificado. Por eso, el gobierno ahora debe acortar el plazo y tiene hasta junio de 2025 para hacerlo.
El Ministro de Salud Pública ha propuesto acortar el plazo hasta 2030 y que durante este período transitorio se apoye económicamente a las explotaciones con más presupuesto. Al mismo tiempo, el ministro quiere mejorar aún más, las condiciones de cría de los cerdos, proporcionando más espacio de corral, espacio al aire libre y áreas con paja.
Los ganaderos austriacos no están de acuerdo. La Asociación de Criadores de Cerdos de Austria (VÖS) ya se opuso inicialmente a la propuesta de modificación de la Ley de Bienestar animal, ya que no hay ningún país de la UE ni del mundo con tales exigencias. Además, actualmente se quejan de la inseguridad en que se encuentran las aproximadamente 18.000 granjas porcinas que existen en Austria, ya que los ganaderos no saben cuándo entrarán en vigor las nuevas normas.
El tiempo va pasando y los porcicultores no saben hasta cuándo podrán seguir con sus actuales instalaciones. Se quejan de que ningún otro sector empresarial sufre la misma inseguridad jurídica que el agrario, con normas continuamente cambiantes y cada vez con más exigencias, incluso más allá, no solo de lo vigente en terceros países sino incluso, más estrictas de lo que se les exige a los vecinos comunitarios.
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