A raíz del artículo publicado en esta revista sobre si el sistema de ayudas denominado FARM BILL de EE.UU. sería la solución para la UE en tiempos tan revueltos como los actuales, con una pérdida de renta brutal por parte del productor e inciertas perspectivas de futuro para el sector agrario; parece percibirse un consenso generalizado en que la PAC y su implementación en los países miembros, actualmente no cumple lo que se espera de ella ni con sus objetivos fundacionales que es el de proporcionar un nivel de vida razonable al mundo rural que le permita asegurar el suministro de alimentos suficientes en calidad y cantidad a los ciudadanos de la UE  coadyuvando en la sostenibilidad medioambiental y social del territorio rural.

 Los sistemas de protección o ayudas a la agricultura en los países desarrollados se denominen Farm Bill en EE,UU., o PAC en Europa, etc., se basan en el reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura, y como una actividad estratégica porque asegura el suministro alimentario a los ciudadanos en su territorio, vital para su independencia económica. Desde ese punto de vista, en los inicios de la PAC se garantizaba en general, un precio mínimo al productor que cubría sus costos de producción y la obtención de una renta disponible mínima, y cuyo nivel constituía el  precio de referencia para la entrada de productos procedentes de terceros países, de tal forma que los productos que se producían en la antigua CEE  o importaban de terceros países (si eran más baratos a la entrada se les imponían unos gravámenes compensatorios) se ofertaban todos al mismo precio al consumidor. Los productos básicos de la dieta alimenticia (aceites, vino, cereales, leche, carne, etc.) si no podían venderse en el mercado eran adquiridos por el Estado y almacenados en tiempos de abundancia para sacarlos posteriormente en tiempos de escasez, de tal manera que se conseguía  mantener una oferta  de productos agroalimentarios regular, estabilidad de precios al consumidor y productor, tener controlada la inflación y disminuir las oscilaciones de precios en los productos básicos al consumidor. El agricultor trabajaba y planificaba su producción sabiendo que sus cosechas tenían una salida al mercado que evitaba su ruina, a no ser que problemas meteorológicos (heladas, pedriscos, etc.) le impidieran alcanzar sus rendimientos normales, para lo cual y gracias a las medidas implementadas en España, en los primeros años de la democracia con el impulso modernizador de los Pactos de la Moncloa -alcanzados por políticos de distintas tendencias ideológicas pero con un altísimo sentido de Estado y del interés general, a diferencia de la pésima clase política actual carente de esos valores y ajena a los problemas reales y actuales de los españoles y empeñada en batir cada dia la Ley de Murphy-  se impulsó la puesta en marcha de los Planes de Seguros Combinados que cubrían esos riesgos climáticos impredecibles.

En la UE, los pilares estratégicos que conformaron su constitución para asegurar un futuro en paz y prosperidad fueron el carbón y el acero, la agricultura y la energía, que eran sectores de actividad que durante muchos años antes fueron las actividades vitales de la industria de la guerra. A partir de esta unión se constituyeron en las piezas fundamentales para garantizar la paz y prosperidad de unos territorios que durante siglos y hasta unos años antes eran escenarios de destrucción y hambrunas. Este pilar estratégico que era la agricultura con el desarrollo de otros sectores económicos -industria y servicios-  fué perdiendo peso en el conjunto de la economía comunitaria, y  por la necesidad de buscar nuevos mercados para esos sectores emergentes se alcanzaron acuerdos de libre comercio en la OMC, que provocaron que ese escudo protector del sector agrario paulatinamente se desmantelara y su presupuesto se transformó en lo que se llaman ayudas de la PAC disociadas de la producción y en ayudas al Desarrollo Rural,  trasladando la responsabilidad del  buen fin de los fondos al propio sector y sus organizaciones para que realizaran ese papel regulador. Obviamente, ya sea porque no se estaba preparado ni organizado ni suficientemente vertebrado para cumplir esa misión regulatoria que antes ejercía el Estado, se ha vuelto a una situación de «caos» y así se pone de manifiesto con el problema de la España «vaciada», el progresivo envejecimiento de la población activa agraria, la falta de relevo generacional a pesar de las continuas proclamas de nuestros políticos sobre la incorporación de jóvenes -que lógicamente sin perspectivas claras huyen-, y todo ello fruto de la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias y la ausencia de medidas públicas eficientes  para contrarrestarla. Existe, se quiera o no ver, un problema de eficiencia en la puesta en marcha, diseño y utilización de esas ayudas y también de gobernanza, que se da tanto en las instituciones sociales que nos representan y estructuran el sector agrario, como en las Instituciones Públicas que gestionan y regulan este sector, muy burocratizadas, lentas y desconectadas de la realidad del mundo rural.

Por otra parte, parece que no se quiere entender que la agricultura y los agricultores nos enfrentamos, no a una situación coyuntural sino a algo más profundo y estructural que tiene más que ver con la supervivencia a largo plazo del sector agrario, y con la percepción y el convencimiento de que nuestras explotaciones, aunque las manejemos cumpliendo todos los requerimientos de compatibilidad productiva y medioambiental, con utilización de energías renovables, realizando control biológico y empleo de instrumentos de digitalización y trazabilidad, con planes de abonado obtenidos anualmente tras efectuar analíticas foliares y de suelo, realizando cubiertas vegetales más incorporación de los restos de poda triturados para mejorar el contenido de materia orgánica del suelo secuestrando carbono, implantando islas de biodiversidad, suscribiendo el seguro agrario todos los años, etc,, etc, al final todo ello no se traslada a los resultados económicos. Pongo por ejemplo, que esas mismas prácticas hoy contempladas como obligatorias en la nueva PAC, que hacemos desde hace varios años en la explotación de frutos secos en la que se incorporó mi hijo como joven agricultor y emprendedor cooperativista, y al que asesoro, es que todo este proceso ejemplar de manejo, al final no se visibiliza por las Organizaciones de Productores receptoras de  nuestra cosecha cuando esta producción así obtenida es puesta en el mercado, y además el precio obtenido es igual, tanto da que se produzca en una explotación que realice todo este manejo sostenible como en otras que no lo realizan y lo peor es que ni en un caso ni el otro cubren sus costos de producción, además de no garantizar a esos titulares autónomos dedicado a tiempo total a su explotación, alcanzar como mínimo el SMI al mismo nivel que estos satisfacen a sus trabajadores.

 En cuanto a las Cooperativas u Organización de Productores Agrarios, sea Entidad Asociativa Prioritaria Nacional o no, a la que entregas tu producción para que se procese, transforme y envase para su venta al consumo directo o industrial, que como es lógico, con el objetivo como asociado de acceder a valores añadidos complementarios, y que no siempre se consiguen, tampoco se percibe un cambio de dinámica que haga pensar que esta situación es pasajera.  Para constatarlo, basta asomarse a los lineales de las principales cadenas de distribución, y para el caso de la almendra por ejemplo, comparar precios recibidos por el productor por la cosecha recién recolectada añadiendo su transformación y procesado como los adquiere el consumidor, con los precios de venta (PVP) que figuran  en esos lineales, que multiplican hasta 3 o 4 veces su valor de costo y además en su etiquetado, no figura ni siquiera si es producción nacional o importada y  si es, de la campaña actual o de las pasadas, y no digamos cuando se rotula la variedad, como en el caso de la Marcona con mayor precio, aunque contenga variedades similares tipificadas como tal que al agricultor se le liquidan como Comuna. Si a  ello añadimos, que California, el mayor productor mundial de almendra, se ha limpiado a precios ínfimos, todas las reservas que tenía de años anteriores hundiendo los precios en países productores como es el caso de España (segundo productor mundial) y con capacidad suficiente para satisfacer toda la demanda nacional, y que en España en esta campaña 23/24 se ha importado más del doble de lo que se produce y a precios “de saldo”, y que los proveedores principales de esas cadenas de distribución son a su vez importadores, el resultado final no puede ser más catastrófico para nuestros intereses. Esa percepción negativa ha sido confirmada con los resultados económicos de 2023 publicitados, tanto por las principales cadenas de distribución como de algún proveedor principal de frutos secos de alguna de las más importantes cadenas, que han llegado a calificarlos de “record” y justificarlos por una disminución de sus costos operativos. Pues claro que sí.

 No creo que nadie puede estar en contra de que ninguna empresa tenga beneficios que le permitan crecer, crear empleo, expandirse y coadyuvar en el desarrollo del país, pero ello no es moralmente lícito alcanzarlo basado -siguiendo con el ejemplo de la almendra, aunque se podrían citar otros productos- en que los productores españoles hayan percibido precios en 2023, un 30% inferiores a los de la campaña anterior y al mismo tiempo en los lineales de distribución esa bajada de precios no se traslade al consumidor. En definitiva, el resultado es muy malo para unos productores y consumidores que son la base fundamental de la cadena de suministro alimentario no de valor, y demasiado buenos para otros que son eslabones intermedios de la cadena, también muy necesarios. Al no existir un equilibrio justo en la cadena, la consecuencia es clara: “Pérdida de rentas para los productores e inflación persistente para el consumidor”.

  Lo grave es que todo ello se ha producido bajo el paraguas protector de una Ley de la Cadena Alimentaria que no permite vender a pérdidas y con la existencia de una normativa que exige un etiquetado muy estricto en los puntos de venta, aunque no recomiende el uso de lupa para leerlo. Este es el grave problema de la agricultura y la situación de los frutos secos es trasladable al resto de los sectores productivos agrarios.

  En definitiva se tiene que entender, que el problema no es suavizar las exigencias respecto al cumplimiento  de los ecorregímenes, retrasar la digitalización, clarear el tono «verde» del manejo del cultivo, disminuir el consumo de insumos que todo agricultor sensato hace, etc, etc., sino que tiene que haber un replanteamiento y evaluación profunda de la PAC y de las políticas agrarias nacionales, y normativas que sean claras y que se cumplan, pero lo que sí está claro es que el descontento del mundo rural en todo el territorio comunitario está más que justificado y se resume finalmente en una constatación compartida: si no hay rentabilidad versus sostenibilidad económica, tampoco habrá sostenibilidad medioambiental porque el mundo rural es el primer administrador del territorio, ni tampoco habrá sostenibilidad social, los pueblos rurales irán vaciándose, no habrá relevo generacional y desde luego no se garantizará ni una mínima seguridad alimentaria a los ciudadanos comunitarios que estarán al socaire y capricho de poderes económicos que concentran la titularidad de las tierras y cuando existan problemas tal como el COVID, guerras extrafronterizas, etc. pasará con los alimentos lo mismo que ha pasado con las mascarillas: escasez, precios altísimos, y “golfadas” a espuertas con cargo al erario público.

CV de Miguel Valdés Pastor