Los consejeros de agricultura de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco están en conversaciones para acordar una posición conjunta que se adapte a la realidad de la Cornisa Cantábrica, en la que se tenga en cuenta las particularidades del suelo, del clima o del territorio.

El documento que se está elaborando pide flexibilizar la normativa de la UE, respetar la igualdad en los mercados para todos los productores y cumplir eficazmente con la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otras reclamaciones, que se agrupan en cuatro bloques temáticos.

El primer bloque se centra en medidas para flexibilizar las regulaciones de la UE y reducir la burocracia derivada de la nueva PAC. Así, por parte gallega, se pone especial énfasis en la necesidad de flexibilizar el registro digital de explotaciones; reforzar las asociaciones de defensa de la salud ganadera (ADSG) frente a la figura del veterinario de granja, que además se considera no obligatoria para las pequeñas y medianas; Exigir que los ecoregímenes se ajusten a la realidad de Galicia y pedir una reducción de las inspecciones, para facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos.

En el segundo bloque se recogen las propuestas existentes en el mercado. Así, se exige que todos los productores tengan las mismas reglas del juego, luchando contra la competencia desleal a través de cláusulas espejo obligatorias, y también que haya la máxima claridad en el etiquetado de los productos, para evitar dudas sobre su origen, los procedentes de fuera de la Unión Europea.

El tercer bloque del documento, sobre precios, insta a modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para su cumplimiento, reforzando la coordinación con las comunidades autónomas. En esta línea, también se considera que el Ministerio tiene que seguir el camino de Galicia y reconocer las aplicaciones informáticas creadas por la Xunta Contaláctea (para el ganado lechero) y Contacarne (para el sector cárnico) como método oficial de cálculo de costes de producción.

El cuarto y último bloque gira en torno a la prioridad que deben tener las zonas rurales en las políticas del Gobierno Central. En este sentido, se señala que los procesos legislativos estatales no pueden continuar, como hasta ahora, sin desarrollar una discriminación positiva para la agricultura. Así, Galicia exigirá, una vez más, una fiscalidad favorable para agricultores y ganaderos, la supresión temporal del IVA sobre carnes y pescados, el mantenimiento de los actuales incentivos al gasóleo agrícola y que se atienda el impacto que provocan los jabalíes o los lobos en las explotaciones agrícolas.

Para el consejero gallego, José González, las propuestas del Gobierno central para flexibilizar el Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027 son «insuficientes» y no responden a las particularidades de Galicia.