Las multas por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria se reducen a 3.289 euros de media y aún no hay ninguna por casos de venta a pérdidas. FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no esté llevando a cabo las inspecciones necesarias para detectar ventas por debajo de costes tanto en origen como en los supermercados.
Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), se han impuesto solo 195 sanciones firmes desde enero de 2023 hasta la actualidad. Sus cuantías oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros.
Solo siete de las multas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad (104) se reducen a 1.801 euros. El motivo más frecuente, que se repite en 128 de ellas, es el incumplimiento de los plazos de pago. A continuación, no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas.
FACUA lamenta que la medida estrella incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria, la prohibición de la venta a pérdidas, no haya sido todavía objeto de ninguna sanción. Algo que pone de manifiesto el reducido número de controles que lleva a cabo la AICA para detectar estas prácticas.
Las ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, como vienen denunciando distintas organizaciones de agricultores, como en los supermercados. En este sentido, la asociación advierte de los sospechosos descuentos que aplican determinadas cadenas en ciertos productos. Productos que o bien son utilizados como gancho con precios por debajo de costes o antes de los descuentos contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados.
Aumentos de márgenes
En este sentido, FACUA recuerda que desde enero de 2023 están prohibidos los aumentos de márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA. Se trata de prácticas que Agricultura no está investigando, pese a que el ministro Luis Planas anunció que su departamento llevaría a cabo el control sobre el cumplimiento de la medida. En este caso, la potestad sancionadora la tienen tanto las autoridades de consumo autonómicas como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que la asociación viene reclamando desde hace meses que requiera a los supermercados que acrediten que sus subidas no son consecuencia de incrementos en sus márgenes de beneficio
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