El Departamento de Acción Climática de Cataluña ha habilitado un módulo en la aplicación Gestión telemática ganadera (GTR), que posibilita a las granjas calcular el coste de real de producción de la leche. El objetivo es que el sector pueda vender por encima del precio de coste y que ninguna granja tenga que cerrar su actividad.
Esta herramienta nace con la voluntad de impulsar un reparto más equitativo a lo largo de la cadena, porque aporta una fórmula que ofrece credibilidad y fuerza de negociación al sector, a la vez que permite a las explotaciones tener un mayor control del coste de producción y, ‘esta manera, les permite optimizar los beneficios en la producción, señalan desde el Departament.
Es una herramienta eficaz, intuitiva, de fácil uso y que garantiza la absoluta confidencialidad de los datos del ganadero, facilitando conocer de primera mano el coste de producción real del litro de leche
El Departamento prevé continuar el proyecto, acompañando a los productores del resto de sectores, como el sector lechero de cabra, a establecer fórmulas consensuadas para el cálculo de sus costes de producción y facilitar así el cumplimiento de la Ley 16/2021, de la cadena alimentaria.
La herramienta también ayuda a comprobar el cumplimiento de la Ley por parte de los organismos de control, como son el Control de Contratos Alimentarios (CADECAT) y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Inspecciones
Actualmente existen, según los datos actualizados de junio de 2023, un total de 369 explotaciones en activo y 71.010 vacas reproductoras. En cuanto al precio medio percibido en Cataluña, en junio de 2023 es de 587,40 €/1.000 litros.
Desde 2021, el Departamento de Acción Climática ha efectuado una treintena de inspecciones a operadores, entre distribuidoras e industria del sector lechero y productos lácteos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria . De estos operadores, se han podido revisar un total de 88 relaciones comerciales, que abarcan 238 facturas que suman un total 21 millones de euros.
El resultado de estas inspecciones ha derivado en 11 infracciones detectadas, de las que 10 eran graves y una leve. Las sanciones dependientes de las competencias del Departamento han oscilado entre los 4.000 y los 34.000 euros.
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