Los eurodiputados consideran que las indicaciones geográficas (IG) -derechos de propiedad intelectual que identifican productos con cualidades, características o una reputación debida a factores naturales y humanos vinculados a su lugar de origen- deben protegerse mejor en internet. Los dominios de Internet que utilicen una IG sin contar con los derechos deberán ser cerrados automáticamente o asignarse a un grupo de productores que la utilice legalmente. Para ello, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) establecerá un sistema de alerta que controle el registro de nombres de dominio.

El Parlamento también quiere que las IG estén mejor protegidas en los productos procesados. Los productos procesados que contengan un ingrediente reconocido no podrán etiquetarse con la IG a menos que los productores de la misma lo permitan.

El registro de las indicaciones geográficas debe ser más rápido –plazo máximo de cinco meses- y continuar bajo competencia de la Comisión. Las autoridades nacionales deberán gestionar la mayoría de las solicitudes de modificación de los registros de IG existentes sin que la Comisión tenga que volver a comprobarlos. Según los eurodiputados, la Comisión tiene una experiencia agrícola única y, por lo tanto, debería continuar administrando el sistema de indicaciones geográficas, en lugar de la EUIPO.

Por último, el Parlamento propone que los productores reconocidos tengan más derechos y apoyo financiero. Deberían encargarse de establecer las condiciones mínimas para el uso de las indicaciones geográficas y supervisar su uso. Los productores reconocidos también deberían poder recibir contribuciones financieras obligatorias de todos los productores del bien protegido.

El informe, cuyo ponente es Paolo De Castro (S&D, Italia), servirá de base para las negociaciones con el Consejo de la UE sobre la forma final del texto legislativo, fue aprobado por el pleno con 603 a favor, 18 en contra y 8 abstenciones.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Norbert Lins (PPE, Alemania) y el ponente ofrecerán una rueda de prensa para explicar el contenido de la propuesta el jueves a las 13.30.

La UE protege las indicaciones geográficas desde la década de los 70 y en la actualidad existen en torno a 3.500, cuyas ventas anuales ascienden a 74.800 millones de euros. El valor de venta de un producto con una denominación protegida suele duplicar el de productos similares sin certificación.