Unión de Uniones ha pedido al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una reunión mantenida la semana pasada que no se cargue a las explotaciones con más burocracia en referencia a la presentación de la memoria resumen anual sobre productos peligrosos a la que ahora obliga la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados .

Se trata fundamentalmente de envases vacíos de biocidas y aerosoles y diversos residuos zoosanitarios que, en la inmensa mayoría de las granjas se generan muy por debajo de las 10 t/año que se establecen para considerar un productor de residuos como pequeño productor de residuos peligrosos.

Con la Ley de Residuos estos ganaderos tendrían que empezar a presentar también la memoria resumen anual de dichos productos, cuando, además, la información que contendría dicha declaración ya es remitida a la Administración por otras vías como documentación de control de la gestión de los mismos. Esta memoria tendría que presentarse, además, antes del 31 de marzo de cada año.

Unión de Uniones considera que, por la Ley de Procedimiento Administrativo, no cabe solicitar a los agricultores y ganaderos una documentación de la que ya dispone la Administración, por lo que ha pedido al Secretario de Estado que emita una nota interpretativa sobre el artículo 65 de la Ley de Residuos donde se aclare que los ganaderos no están obligados a presentar la memoria resumen anual. “No es razonable seguir cargando a los ganaderos con más burocracia” señalan desde la organización “y si no nos hacen caso, tendremos que acudir nuevamente a promover enmiendas a la Ley, como ya ha pasado con el asunto de las quemas”.

Gestión del agua y prevención de ataques de lobo, otros de los temas tratados

La organización ha pedido también que el MITECO introduzca un componente social en los Planes de Sequía responsabilidad de las Confederaciones Hidrográficas. “Si hay escasez de agua para regadío, las dotaciones disponibles no pueden ser acaparadas por unos cuantos grandes regantes, sino que tienen administrar para que lleguen de forma suficiente a las explotaciones de corte profesional y familiar”, apuntan.

Unión de Uniones ha pedido ha insistido en la importancia de hacer una correcta gestión y determinando si, en algunos territorios, no habría una población excesiva.

Igualmente ha pedido transparencia acerca de cómo se están aplicando las ayudas para compensar y prevenir los ataques del lobo a las granjas. “MITECO tiene que garantizar que las ayudas llegan y son útiles para los ganaderos, independientemente de que su tramitación corresponda a las Comunidades Autónomas” opinan.

La organización ya se pronunció en su momento indicando que 20 millones de euros era una cifra pobre para estas ayudas, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la protección al lobo y las sentencias de varios tribunales aumentando considerablemente el importe de las indemnizaciones por ataques. Unión de Uniones también presentó una propuesta de enmienda a los presupuestos generales del Estado para elevar esta partida hasta los 63,6 millones de euros.