1.457 personas dejaron de trabajar en el sector primario durante el mes de enero. El recorte es consecuencia, en opinión de CCOO de Industria, del impacto de la sequía. También confirma la tendencia de la mano de obra a abandonar esta actividad y de la estabilización del empleo, fruto de la campaña que impulsó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tras la reforma laboral para extender la contratación fija-discontinua.

El incremento del desempleo se concentró en Andalucía (1.058 personas, el 72,6% del registrado en todo el país en enero). El 44% de la población agrícola parada está en esta comunidad autónoma (50.472 personas), 1.058 más que en diciembre (2,1%). En términos interanuales se produjo una reducción del 21,9% (14.141). El desempleo agrario creció en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, donde se ubican buena parte de los cultivos de cítricos y de aceituna, especialmente afectados por la menor producción que produjo la sequía.

El País Valencià fue la segunda comunidad con más paro agrario (9%). En enero aumentó un 9,1%. Creció en apenas 88 personas y se situó en los 10.339 desempleados y desempleadas. Le siguen Canarias (347), Castilla-La Mancha (208), Comunidad de Madrid (47), Navarra (29), Castilla y León (10), Asturias (7) y Aragón (2).

Por el contrario, el desempleo en el sector agropecuario disminuyó levemente en Baleares (30), Cantabria (23), Catalunya (39), Extremadura (155), Galicia (9), Euskadi (49) y La Rioja (39).

Esta tendencia también se observa también en las personas trabajadoras extranjeras. Son 25.281 desempleadas, 416 menos que en diciembre (1,79%) y 10.079 menos que hace un año (28,50%). 15.183 son extracomunitarios (60,05%) y 10.098 de países de la Unión Europea (39,94%).

El número de demandantes de empleo no ocupados del sector agrario suma las 145.768 personas, lo que supone una reducción del 23,64%, frente al mismo mes del año anterior (45.136). En síntesis, CCOO de Industria estima que el sector agrario demanda una actuación decidida de los interlocutores sociales, del empresariado y de los sindicatos, para fortalecer y armonizar la negociación colectiva; para mejorar los salarios y las condiciones laborales y para poner en valor ante el Gobierno y las Administraciones públicas el potencial del sector para afrontar la situaciones que le acechan (empleo, contratación, sequía, nueva PAC y competitividad de los mercados).