La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera acusan a los gobiernos valenciano y estatal de “maltratar y negar un precio razonable” a los propietarios de los terrenos expropiados en Parc Sagunt II donde se proyectan la gigafactoría de Volkswagen y las industrias auxiliares. “Es indignante que nuestra Administración, por los compromisos políticos adquiridos con esta multinacional que incluyen una lluvia de ayudas millonarias, quiera que lo paguen los agricultores de sus bolsillos y estafarles hasta el último céntimo, sobre todo cuando están atravesando una dura crisis de rentabilidad y este proceso les arrebata un espacio fértil de alto valor económico”, denuncian el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris.

Los afectados asesorados por ambas organizaciones profesionales agrarias están empezando a recibir demandas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia por parte de Espais Econòmics Empresarials, participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, porque no acepta el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, pese a ser un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de imparcialidad, veracidad y acierto, y donde están representados expertos cualificados en la materia, tales como un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un interventor de Hacienda, un ingeniero agrónomo e incluso un técnico de la Conselleria de Política Territorial. Aguado y Peris critican duramente que “nuestros políticos ninguneen a técnicos y agricultores y, por el contrario, prefieran llevar estas expropiaciones a los tribunales con el afán de abonar limosnas y retrasar los pagos, al menos, dentro de tres años que pueden dilatarse en el tiempo este tipo de juicios”.

Debido al cambio de la legislación (en 2007 entró en vigor la llamada Ley del Suelo que limitó el justiprecio de una parcela en función de la productividad o la localización), las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I (en torno a 40 euros por metro cuadrado). Ahora, en la actual fase de ampliación, el Gobierno aún ha ofrecido menos dinero a los propietarios (entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, según parcelas), por lo que la gran mayoría optó por acudir al jurado provincial y solicitar una valoración alternativa más ajustada al valor real de los terrenos. Este jurado marcó lógicamente cifras situadas entre las dos propuestas. No obstante, la Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, enfanga el conflicto por la vía judicial, para lo que, además, va a destinar 145.000 euros de dinero público en contratar procuradores.

“Hacer negocio con los agricultores”

Esta actitud beligerante hacia los agricultores contrasta con la pleitesía que la Administración concede a Volkswagen. Así, antes de que se confirme un justiprecio a pagar a los propietarios, la Generalitat ya ha vendido los terrenos a la multinacional por un precio de 48,9 euros el metro cuadrado (63,66 millones de euros por 1,3 millones de metros cuadrados), una cifra que supone la mitad de lo que tuvieron que pagar otras compañías por zonas cercanas. Según Peris y Aguado, “no es ético que la Administración pretenda regalar el patrimonio de los agricultores a otros. Parece que nuestros gobernantes quieren hacer negocio con los agricultores y ganarse unas generosas puertas giratorias en grandes empresas cuando acaben su etapa política”.

LA UNIÓ y AVA-ASAJA advierten de que o la Administración rectifica, echa atrás las demandas y acepta pagar ya el justiprecio marcado por el jurado a los propietarios, o el sector saldrá a la calle y emprenderá movilizaciones ante las autoridades y empresas que sean necesarias.