A menos de un mes de la entrada en vigor de la nueva PAC 2023/2027, ya realizadas y/o programadas las siembras para la campaña 2022/2023, aún no se cuenta con los Reales Decretos de aplicación, tanto de las distintas intervenciones, como de condicionalidad. La única herramienta con la que cuenta el sector y los técnicos que los asesoran son los criterios interpretativos del FEGA, a través de documentos de Preguntas Más Frecuentes (PMF) de publicación semanal o quincenal, en los que a veces se matiza, si no corrige, criterios anteriormente dados, señalan desde la Alianza UPA-COAG.

Uno de los puntos que más preocupa al sector es la exigencia que establece la norma de condicionalidad BCAM 6 al “no permitir labrar el suelo con volteo ni con labor vertical las parcelas sembradas de cultivos herbáceos de invierno entre la fecha de recolección y el 1 de septiembre”. Si bien permite a las CCAA el adaptarlo, lo limita a realizarlo en determinadas zonas. Esta norma así redactada, supone una importante novedad en el tipo de labor, como para las superficies de regadíos o las dedicadas a cultivos forrajeros, pues no permite una óptima preparación de suelo para las siembras de la siguiente campaña. Incluso en la necesaria labor vertical de purines o de volteo en abonado orgánico que se realizan por necesidad o capacidad de almacenamiento en las explotaciones ganaderas en esas fechas. No permitir estas labores con volteo en abonado con estiércol, desincentivaría el interés del sector por la nueva ayuda agroambiental de abonado orgánico, muy interesante porque supone una importante reducción de abonado químico, y provocaría una mayor conflictividad social en el medio rural al no poder realizar al menos una labor vertical tras la aplicación de purines con sistemas de localización (bandas o mangueras).

En la última versión de las Preguntas Más Frecuentes del FEGA al respecto de los eco-regímenes, establece que las zonas de no cosechado (cereales y/u oleaginosas) que pueden utilizarse para la justificación de la práctica P5 de creación de espacios de biodiversidad, práctica por la que el sector muestra un gran interés, permite la cosecha, siempre y cuando se realice en fecha posterior al 1 de septiembre, y en aquellos casos en los que a esa fecha el grano no haya alcanzado el estado fenológico de madurez comercial (girasol, maíz), podrá realizarse a partir del mes de haber cosechado el resto de la parcela.

Desde la Alianza UPA-COAG han consultado también a este respecto si dichos espacios deben representar una parte significativa de la superficie total del recinto/parcela declarada, o puede llevarse a cabo en un recinto o parcela completa, cuestión ésta que debe considerarse como posible si el recinto/parcela es de mediana o reducida dimensión, cuestión ésta que debe definirse. Así también, se ha solicitado una definición clara de lo que pueden considerarse márgenes para la biodiversidad en la práctica P5: si se pueden establecer solamente en los márgenes de ríos o arroyos, en las lindes con los montes, etc., o por el contrario, el establecido en cualquier linde de la parcela podría ser utilizado para justificar esta práctica.

Respecto a la práctica P3 de rotación de cultivos en superficies de regadío (maíz), la siembra de una campaña concreta de un cultivo intermedio (veza) si supone alternancia de cultivo. Sin embargo, dicha práctica a efectos de condicionalidad, realizada en una campaña concreta, no daría cumplimiento a la BCAM 7 referida a rotación de cultivo en todas las parcelas tras tres años. Obligan a realizar dicho cultivo secundario durante tres años consecutivos si queremos sembrar maíz todas las campañas. Así mismo, desde la Alianza UPA-COAG siguen insistiendo que la BCAM 7 no puede establecer retroactividad en lo referido a rotación, pues se toma como los cultivos declarados en 2021 y 2022 para la necesaria rotación tras tres años de todas las parcelas de la explotación que se exige en 2024, es decir, piden que 2023 sea año cero a efecto de rotaciones.

Es por lo anterior que la Alianza UPA-COAG ha solicitado a la Junta de CyL que se interese por estas cuestiones y que inste al Ministerio para que proceda a la necesaria modificación de aquellos puntos de condicionalidad y de los eco-regímenes más problemáticos para los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

También se ha solicitado a la Administración Regional que al respecto de las ayudas agroambientales, y sobre todo la referida a la de forrajeras pastables, se estudie la posibilidad de reducir la enorme carga de requisitos que conlleva, así como extender, en la medida de la compatibilidad con la normativa europea y con los eco regímenes, la aplicación a las superficies de pastos de uso común, sistema muy utilizado en nuestra comunidad en la asignación municipal o de Juntas Vecinales, pues la asignación individualizada por cuarteles no es la práctica más extendida.