El gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado esta semana el proyecto de ley de presupuesto 2023. Una de las novedades del proyecto de ley es la suspensión en la entrada en vigor en 203, del impuesto al plástico y al azúcar. Concretamente, estos impuestos tasan los productos plásticos desechables y las bebidas azucaradas. Estas son unas medidas valoradas en 600 M€.

El impuesto al plástico y al azúcar fueron introducidos por el segundo gobierno de Giuseppe Conte a finales de 2019, pero nunca entraron en vigor.

El impuesto al plástico era desincentivar el uso de plástico de un solo uso mediante la introducción de un impuesto de 0,45 euros por kilo de productos plásticos de un solo uso vendidos.

El impuesto al azúcar se refería al consumo de refrescos azucarados. Se preveía un impuesto de 10 euros por cada hectolitro en productos terminados y 0,25 euros por kilo, en los caso de productos a utilizar después de la dilución.

Fiab pide la suspensión del impuesto al plástico en España

Después de la medida adoptada por Italia, España sería el único país de la Unión Europea que
contaría con un impuesto de estas características, a partir del próximo 1 de enero, si no se escuchan
las reiteradas peticiones para su aplazamiento realizadas al Gobierno español por Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras organizaciones de la cadena de valor del envase.

El Impuesto Especial a los Envases de Plástico no Reutilizables tendrá un impacto directo en las
compañías del sector de alrededor de 690 M€, a lo que habría que sumar el de la
Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer otra carga de unos 1.150 M€. Estos impuestos no son asumibles en las circunstancias actuales, señalan desde la FIAB.