La Comisión Europea ha iniciado medidas legales contra 11 Estados miembros, pidiéndoles que intensifiquen la implementación de la Directiva sobre plásticos de un solo uso para reducir el impacto de ciertos productos plásticos en el medio ambiente y en la salud humana. Se trata de Bélgica, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovenia y Finlandia, los cuales todavía no han comunicado a la Comisión las medidas necesarias para garantizar la plena transposición de la Directiva.

La Directiva sobre plásticos de un solo uso, cuyo objetivo es reducir la basura plástica en el mar en al menos un 50% para 2030, entró en vigor el 3 de julio de 2019.  Los Estados miembros tuvieron dos años para transponerla a la legislación nacional.

La Directiva establece que los productos que tienen que dejar de venderse son:

• cubiertos de plástico de un solo uso (cucharas, tenedores, cuchillos y palillos),
• platos de plástico de un solo uso,
• pajitas,
• bastoncillos de algodón para los oídos fabricados en plástico,
• palitos de plástico para sostener globos y helados, y
• plásticos oxodegradables y contenedores alimenticios y tazas de poli estireno

En enero de 2022, la Comisión inició procedimientos de infracción y envió, como primer paso, cartas de notificación formal a 16 Estados miembros que aún no habían transpuesto completamente la Directiva sobre plásticos de un solo uso en la legislación nacional. De estos 16 casos, un caso (España) se ha cerrado durante el paquete de infracciones de julio, y otros cuatro casos se están cerrando esta semana (Chipre, Lituania, Luxemburgo y Eslovaquia) porque se han tomado las medidas necesarias. Dos casos están pendientes del análisis de las medidas transmitidas (Chequia y Malta). 

Sin embargo, aún faltan medidas de transposición completas para Bélgica, Estonia, Irlanda, Croacia, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovenia y Finlandia .por lo que la Comisión decidió emitir dictámenes motivados a dichos países. Los Estados miembros interesados ​​tienen ahora dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión puede decidir remitir los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una propuesta para imponer sanciones financieras.