La organización profesional agraria ha presentado alegaciones ante un reglamento que limita considerablemente el dominio público hidráulico, es decir, lo que se puede cultivar o realizar al margen de los ríos. Dicho reglamento propone modificaciones de calado y perjudiciales para muchas personas que trabajan en el campo. En este sentido, supone un grave perjuicio para la propiedad privada y la comunal; para las entidades locales; para el desarrollo social y económico; y para las medidas encaminadas a revertir el cambio climático,  por las limitaciones y prohibiciones que contiene.

Las alegaciones de UAGN se centran fundamentalmente en dos aspectos, por un lado, el procedimiento administrativo y por otro, el contenido.

En cuanto al procedimiento, el Reglamento estuvo en consulta publica en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, del 28 de julio al 2 de septiembre. “Se trata de unas fechas prácticamente inhábiles para una norma tan trascendental y pone de relieve la intención de la Administración de reducir, anular o minimizar dicha consulta. Esta consulta no está informada por los principios de publicidad, transparencia y confianza, que exige la Ley; de hecho, miles de afectados no han tenido conocimiento de su existencia”, denuncia Félix Bariáin, presidente de UAGN.

UAGN también denuncia, que para la elaboración de una normativa de dicho calado se requiere la participación de los afectados en el diseño de la política medioambiental y no se les ha tenido en cuenta. “No se ha cumplido con las exigencias reales y necesarias de participación que una acción de este tipo merece. No se ha contado con los actores económicos o incluso con las entidades municipales afectadas para la elaboración de este Proyecto de Real Decreto”, matiza Bariáin.

Por otro lado, en cuanto al contenido de la norma, UAGN considera que la aprobación de este Real Decreto no se encuentra justificada por no ser el instrumento más adecuado al encerrar enormes restricciones y prohibiciones sobre una gran cantidad de terrenos de propiedad privada, con derechos previamente consolidados, sin ningún tipo de compensación. “Dicha normativa se escapa del cometido de una norma de tipo hidráulico y el punto fundamental es que trata de limitar, prohibir o impedir determinados tipos de cultivo en las orillas de los ríos”, denuncia Bariáin.

Esta prohibición conlleva consecuencias socioeconómicas como pérdidas de superficies productivas que suponen el empleo y sustento de miles de familias en zonas rurales de la España vaciada, así como la principal fuente de ingresos de muchos pequeños ayuntamientos, sin los cuales no podrán prestar servicios esenciales a sus ciudadanos. “No se puede entender, que, en un contexto en la lucha contra la despoblación, se plantee precisamente por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico una medida que incide negativamente en la economía y el empleo de nuestras zonas rurales; una medida que genera abandono y confrontación, sin aportar ningún beneficio, ni siquiera ambiental”, expone Bariáin.

UAGN insta a que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tenga en cuenta las alegaciones presentadas y reconsidere su postura. “La aprobación de este Real Decreto conlleva una “expropiación encubierta” que colisiona con el artículo 33 de la Constitución Española, porque impone unas enormes limitaciones en los terrenos y no se prevé ninguna compensación al respecto, limitaciones que no están amparadas por una utilidad pública ni un interés social”, concluye  Bariáin.