La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, defendió diversas medidas de cara a la futura PAC, en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se celebró ayer en Madrid. En otras, destacar:

• Aplazamiento inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la PAC, debido a que suponen un gasto más, y no un incentivo para nuestros agricultores y ganadero, además de que el modelo propuesto no se adapta a la realidad agraria de Andalucía, provocando un importante impacto socioeconómico. La Junta sigue esperando los estudios de impacto del Ministerio.

• Revisión de las ayudas asociadas, para que se incluyan al olivar de regadío, a la aceituna de mesa y al girasol.

• Revisión del pago estipulado para la remolacha del sur, que es inferior, “sin estar justificado”, al vigente en el norte.

• Prorroga en 2023 de la posibilidad de cultivar los campos en barbecho. En Andalucía ya se han cultivado más de 30.000 ha de girasol para aceite y de cereal para grano, destinado a alimentación del ganado.

• Equiparar las comunidades de bienes con las sociedades anónimas en la nueva PAC, para evitar la expulsión de las ayudas de la PAC a muchos agricultores y ganaderos andaluces.

La consejera ha recordado que “uno de cada tres perceptores de la Política Agraria Común es andaluz, por lo que se trata de un tema de vital importancia para nosotros”. “Si no atienden nuestras peticiones, tendremos que votar en contra del Plan Estratégico de la PAC”, ha subrayado la titular del ramo.

Cabe recordar que Andalucía ha registrado alegaciones a la PAC en referencia al número de ecoesquemas, solicitando al menos cuatro más para adaptarlos a la diversidad de cultivos de la región; así como, una organización diferente de las regiones productivas (reducidas de 50 a 20) para evitar que supongan un lastre importante para zonas como la Campiña de Sevilla, la Loma de Jaén, El Condado de Huelva y la Vega de Antequera.

Costes de Producción

Carmen Crespo ha exigido, además, medidas de apoyo para el sector agrario que ayuden a paliar la subida de los costes de producción. Al respecto, la consejera andaluza ha insistido en la necesidad de “poner en marcha bajadas de impuestos a los insumos o el establecimiento de la doble tarifa eléctrica para abaratar la factura en el regadío”. La titular de Agricultura en funciones ha reclamado la “aplicación inmediata de una bonificación del 35% para el gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes”.

Asimismo, la consejera ha pedido al Ministerio de Agricultura “liderazgo” y que logre del Ministerio para la Transición Ecológica la bonificación de 30 céntimos euros/m³ para el agua desalada, “fundamental para que nuestro sector agrario no compita en clara desventaja con otros territorios”.

Fitosanitarios y preferencia comunitaria

Por otra parte, el Consejo Consultivo abordó ayer ºla propuesta de transformar la Directiva actual sobre uso de productos fitosanitarios en reglamento, que prevé reducciones del 50% en su utilización. La consejera ha dejado claro que “no consideramos que sea el momento, en pleno conflicto en Ucrania y con una subida importante de los costes de producción, de limitarlos aún más”. Para Carmen Crespo, esta iniciativa solo va a suponer “mayores pérdidas para el sector”. Al respecto, considera “necesario un estudio de impacto de la propuesta de reglamento y de aplicación de los objetivos que se establezcan para España, de forma que cualquier objetivo sea alcanzable y realista”.

Crespo ha lamentado que el nuevo reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios “tiene un enfoque de talla única y no tiene en cuenta las diferencias climáticas y agronómicas de los distintos estados miembros ni las necesidades de su uso en los diversos cultivos”. La consejera ha anunciado que va a solicitar que se considere un período de transición para la puesta en marcha de estas medidas restrictivas.

Por otra parte, la responsable de Agricultura en funciones ha asegurado echar en falta en el programa de trabajo de la presidencia checa de la Unión Europea (UE) “prioridades que se marcaba la presidencia francesa, como el principio de preferencia comunitaria y las cláusulas espejo”.