Hoy, agricultores y ganaderos se concentrarán, convocados por UPA y otras organizaciones agrarias, frente a las puertas de la sede de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) a las afueras de Valladolid. Será la primera de una serie de protestas que continuarán en Andalucía y se podrían extender al resto del país en las próximas semanas.

La causa de estas protestas es la inasumible subida de los precios del gasóleo B, el utilizado por los agricultores y ganaderos en sus tractores y cosechadoras. El precio de este gasóleo sigue batiendo todos los récords históricos y se sitúa, de media, entre 1,57 y 1,70 euros/litro. El gasóleo agrícola costaba, el año pasado, 0,83 euros por litro, casi la mitad que ahora.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha asegurado que la escalada del precio del gasóleo está poniendo en jaque la continuidad de la agricultura y la ganadería en España, especialmente de las explotaciones más pequeñas y de carácter familiar, las más vulnerables.

UPA ha pedido al Gobierno que intervenga para frenar esta escalada “inaceptable” del precio de la energía. “Las medidas fiscales no son suficientes, debe actuarse a escala legislativa para impedir estas prácticas abusivas”. Los agricultores pedirán también a Competencia que inicie una investigación para comprobar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia.

Los agricultores ponen el foco en las petroleras

UPA cree que por muchas medidas fiscales o compensatorias que se establezcan, se deben acompañar de normas que topen los beneficios y controlen los márgenes de estas empresas. Por eso las protestas se dirigirán a los centros logísticos del petróleo, que en España gestiona la empresa CLH que recientemente opera bajo la denominación Exolum.

Los agricultores y ganaderos creen que estas empresas están aprovechando la espiral alcista de los costes energéticos para “fagocitar” los resultados de la economía productiva en España y en Europa. “Los Gobiernos deben intervenir, a todos los niveles, para frenar este comportamiento abusivo que pone en peligro a toda la cadena agroalimentaria”, han señalado.