Desde 2007, la Comisión Europea ha gastado más de 25.000 millones de euros de los fondos de desarrollo rural en la diversificación de la economía rural y la mejora de infraestructuras en las zonas rurales de la UE. Sin embargo, el éxito de estas medidas variaba considerablemente entre sectores y Estados miembros, según un informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo. Por ejemplo, el bajo rendimiento económico y el uso privado ilegítimo afectan a la durabilidad y viabilidad de los proyectos de turismo rural financiados por la UE. Los auditores recomiendan que la Comisión Europea divulgue las mejores maneras de canalizar más eficazmente los fondos hacia proyectos viables, mitigar el riesgo de que los proyectos se desvíen a uso privado y reforzar el potencial de las grandes bases de datos.

Los auditores analizaron una variedad de proyectos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y constataron que la mayoría de ellos continuaba en funcionamiento al término del período obligatorio de cinco años. Este fue el caso, en particular, de los proyectos de infraestructuras (como el apoyo a la renovación de pueblos, la construcción o mejora de carreteras, y las redes de agua y saneamiento), ya que estas se conciben generalmente para que duren mucho tiempo. No obstante, cuando se realizó la auditoría, un tercio de los proyectos de diversificación (destinados a promover las actividades no agrícolas o al apoyo de nuevas oportunidades empresariales) había interrumpido su actividad, incluso en casos en los que el nivel de inversión era elevado. La inversión en alojamientos turísticos es uno de los proyectos financiados de diversificación más comunes.

Los auditores detectaron importantes divergencias entre los distintos sectores y Estados miembros. Por ejemplo, en Polonia, los servicios relacionados con la agricultura o la silvicultura fueron menos duraderos que los proyectos de otros sectores entre 2007 y 2013. En este período, en varios Estados miembros, el alojamiento turístico se había financiado aun sin ser económicamente viable, y en algunos casos se iniciaron investigaciones sobre el uso privado de edificios financiados como alojamiento turístico. Los auditores revelaron otros casos de costosos proyectos de alojamiento turístico que habían cerrado después de unos pocos años. El coste de algunos proyectos ascendía hasta los 9 000 euros en subvenciones de la UE por cada mes de funcionamiento.

Los auditores formulan una serie de recomendaciones a la Comisión teniendo en cuenta el período de programación de la política agrícola común 2023‑2027. En particular, recomiendan que la Comisión divulgue información sobre las mejores maneras de:

• garantizar la durabilidad de los proyectos, atendiendo a los distintos tipos de inversión que financia;
• reunir pruebas de que continúan las actividades financiadas;
• establecer condiciones en acuerdos de subvención que exigen proyectos financiados que deben emplearse para los fines previstos.