COAG celebra que la Comisión Europea, por fin, haya sido sensible al gravísimo e inédito entorno en que se ejerce la agricultura y la ganadería hoy en Europa, inimaginable hace solo un par de años, pero la organización agraria exige con rotundidad a las autoridades comunitarias que definan cuanto antes las leyes que se diseñarán en el nuevo marco, para que los profesionales del campo podamos adaptarnos a ellas.
Bruselas ha decidido relajar las obligaciones medioambientales de la PAC para aumentar la capacidad productiva del campo europeo y poder así afrontar la catarata de efectos perversos que sufre éste, que corona ahora la guerra, pero que comenzó con la pandemia, la crisis de la oferta y la posterior crisis de los insumos que disparó los costes de producción. El bloqueo a los cereales o la urea procedentes del este de Europa, que ha ocasionado la guerra con Ucrania y que impiden un mercado normal de piensos o fertilizantes en el campo de todo el mundo, entre otros muchos inconvenientes, ha precipitado la decisión comunitaria de flexibilizar las medidas de la PAC.
Lorenzo Rivera, coordinador regional de COAG CASTILLA Y LEÓN afirma que “el año agrícola comienza en septiembre. Para entonces, los agricultores y los ganaderos tendremos que saber ya el paquete normativo al que tendremos que atenernos en 2022/2023. Hay que planificar el año con tiempo. No podemos andar improvisando continuamente”.
Los campesinos tienen que hacer acopios de insumos, preparación de las tierras y no pueden abordar estas decisiones trascendentes a última hora. ¿Hablamos de modificación legal de ecosistemas? ¿De rotaciones? Los campesinos no pueden planificar si tienen incertidumbres.
El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, que considera que la flexibilización de la nueva PAC es necesaria, da la razón a COAG cuando estima que este verano ya se debería tener una idea sobre lo que va a significar (la nueva normativa) de cara a las siembras de otoño y de otoño-invierno. Pero al referirse a los planes estratégicos enviados a Bruselas, dice que España podría enviar en julio el texto definitivo y que podría estar aprobado en verano. Pero no es seguro.
COAG ya consideraba en octubre que la inseguridad alimentaria (que puede también presentarse en forma de crecimiento del precio de los alimentos y que por ello dificulte el acceso a los mismos a las capas sociales menos favorecidas) ya está aquí. Y pedía urgentemente que todas las exigencias que impone la PAC a la hora de producir sean temporalmente aplazadas o ralentizadas o flexibilizadas para garantizar una producción de alimentos que evite el desabastecimiento de la comida para humanos y para animales y, en último extremo, una desmedida escalada del precio de la cesta de la compra que según todas las señales se espera que se produzca en breve.
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