La campaña de la renta se inició el pasado 6 de abril, pero todavía no se ha publicado la Orden por la que se reducirían los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
Para COAG Andalucía se trata de una situación inadmisible, que está generando mucha inquietud a los agricultores y ganaderos andaluces, que siguen sin saber cómo quedarán los índices de rendimiento neto y sin poder, por tanto, hacer frente a sus obligaciones ante Hacienda.
Los plazos corren –la campaña de la renta finaliza el 30 de junio-, y todavía no se sabe cuáles de las reducciones solicitadas por el sector van a ser atendidas. En concreto, COAG Andalucía remitió un informe a la Consejería de Agricultura a est respecto.
Los perjuicios que han marcado el 2021 al campo andaluz de manera trasversal han sido la sequía, los fenómenos meteorológicos y, por supuesto, el brutal incremento de costes de producción, que se ha unido a la crisis de precios en origen. A estos motivos más que suficientes para la reducción de módulos solicitada, se unen circunstancias como plagas, virosis, temporales e, incluso, incendios, con incidencias en las distintas provincias andaluzas.
Otras Ordenes importantes también están pendiente de aprobación
Asimismo, COAG Andalucía recuerda que también se está a la espera de la publicación de otra orden muy necesaria para el sector agrario andaluz. Se trata de lo anunciado en la última modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, que se produjo en diciembre de 2021: la contratación de la doble potencia eléctrica, la bonificación para gasóleo, plásticos y fertilizantes.
La Ley recogía estas demandas que COAG ha venido reclamando reiteradamente al Ministerio de Agricultura ante el incremento de los coste de producción, de un lado, la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, de forma que se pueda reducir la potencia contratada durante el periodo del año en que no se riega, evitando pagar por algo que no se utiliza y reduciendo así la parte de la factura eléctrica que corresponde a este concepto y, de otro, el establecimiento de bonificaciones que compensen el incremento del precio de tres de los principales inputs que soportan los agricultores como son el gasóleo, los fertilizantes y los plásticos.
Concretamente, la Ley, en su disposición adicional primera, establece que el Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente.
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