Para la organización agraria ASAJA el minifundismo es uno de los principales males que tiene la agricultura y ganadería de la provincia de León, y el proceso de concentración de la propiedad no mejora ni con la reducción del número de activos, ni con los procesos de concentración parcelaria que ejecuta la administración agraria. De esta manera, los agricultores leoneses son excesivamente dependientes de fincas ajenas que cultivan en régimen de arrendamiento, y además la superficie total cultivada está repartida en un elevado número de parcelas. El ser arrendatario en vez de propietario crea inseguridad a la hora de renovar los contratos que por lo general vencen al quinto año, y las parcelas de pequeñas dimensiones son menor rentables porque se mecanizan peor y requieren más horas para realizar el mismo trabajo. Otra consecuencia de la excesiva parcelación en manos de infinidad de propietarios es la existencia de zonas no cultivadas como ocurre con una gran parte del alfoz de la capital leonesa.       

Los datos del Catastro relativos al año 2021 apuntan a un total de 412.649 titulares catastrales de fincas rústicas en la provincia de León, para una superficie de 1.530.616 hectáreas, repartidas entre 2.350.042 parcelas, con una superficie media por parcela de 0,65 hectáreas. Medias de parcelas tan pequeñas o más que en la provincia de León solo se encuentran en las cuatro provincias gallegas y en Santa Cruz de Tenerife. Pero la estadística todavía es peor de lo que parece, porque si se excluyesen las fincas de las juntas vecinales y ayuntamientos, que ocupan una amplia superficie del territorio leonés y además son de mayores dimensiones, las fincas de particulares se quedarían en medias de superficie muy por debajo de los citados 6.500 metros cuadrados.

ASAJA pone de manifiesto que estos datos están empeorando cada año, ya que en las herencias las propiedades rústicas se reparten, por lo general, entre la totalidad de  los herederos. Los datos lo corroboran, pues siendo la misma superficie, ya que las tierras “no crecen ni se multiplican”, en el año 2011 había 33.876  titulares catastrales menos de los que hay en el año 2021. En una década el número de propietarios de tierras creció el 8,94%.

Una medida para evitar esta fragmentación de la propiedad es aumentar la denominada “unidad mínima de cultivo”, que es el tamaño a partir del cual las fincas rústicas se pueden segregar en una venta o herencia. ASAJA ha pedido al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería que revise estos valores al alza, que datan del un obsoleto decreto de la Junta de Castilla y León del año 1984, petición para la que, como para otras muchas, todavía no hay respuesta.