Tras la huelga del transporte por carretera que se produjo en marzo en España, el Gobierno se comprometió a tramitar una ley de la cadena de transporte, similar a la ley de la cadena alimentaria, para abordar el problema de fondo, de modo que se prohibiera la venta a pérdidas y se regulara la cadena de subcontratación, según ha señalado Julio Villaescusa, presidente de la Federación nacional de asociaciones de transporte por carretera (Fenadismer) en una carta abierta que acaba de publicar.
El sector del transporte ya dispone de herramientas que pueden ayudar a que esta ley resulte efectiva, ya que desde hace más de 20 años cuenta con observatorios de costes para diferentes categorías de vehículos, lo que permite conocer cuáles son los costes medios, así como calcular los costes mínimos que tiene cada transportista a la hora de contratar con su cliente.
Para Fenadismer resulta fundamental e imprescindible aprobar cuanto antes la Ley de Cadena del Transporte (que debería tramitarse por vía de urgencia mediante Real Decreto-Ley), en la que se establezca la prohibición mediante un régimen sancionador de la venta a pérdidas de todo aquel transportistas que preste un servicio de transporte, completando de este modo el resto de medidas legales sancionadoras aprobadas estos dos últimos años, como la del régimen sancionador de lucha contra la morosidad, la prohibición de que los conductores participen en las labores de carga y descarga y el control de las empresas deslocalizadas que trabajan en nuestro país. Además, para asegurar su cumplimiento, es necesario que de oficio los servicios de inspección actúen en dichos ámbitos en este mercado.
Fenadismer recuerda que hasta hace pocas semanas, una gran parte de las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transportes rechazaban la posibilidad de establecer en este sector una regulación sobre el “coste mínimo”, que ahora afortunadamente sí se asume como medida fundamental para la ordenación del sector.
Además, la Federación considera lamentable que los contratistas principales de transporte participen en los tender de cargadores, asumiendo condiciones abusivas, que después tienen que compensar subcontratando buena parte a otros transportistas en condiciones aún más abusivas. Además, ejecutan otra buena parte del transporte contratado con sus propias empresas buzón, cuyos costes de explotación son mucho más bajos, provocando una competencia desleal,¡ cuyo resultado es un mercado de transporte totalmente distorsionado a la baja, con precios en todo su espectro, abusivos y ruinosos para el resto de transportistas.
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