El 1 de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021 que reforma el Estatuto de los Trabajadores y que endurece las condiciones de la contratación a empresarios. En el sector agrario, la principal novedad es la eliminación de los contratos por obras y servicio, que eran los utilizados en su mayoría para las labores en el campo y en especial las de poda, recolección, etc. recuerda La Unión de Extremadura.

          Para estas labores temporales, los agricultores y ganaderos tienen que utilizar, por defecto, la contratación como fijo discontinuo de todos los obreros que necesiten, aunque el periodo de trabajo sea para un corto espacio de tiempo.

          En el sector agrario las principales necesidades de mano de obra son temporales y debido a que la mayor parte de las explotaciones son familiares, los trabajos no solo son temporales sino además, de escasa duración. Por este motivo, tener que contratar mano de obra como fija supone unos inconvenientes importantes para los empleadores agrarios.

          Se agrava esta situación con la idiosincrasia de los trabajadores contratados, ya que muchos de ellos son rumanos y magrebíes, sin domicilio fijo, por lo que va a ser prácticamente imposible ponerse en contactos con ellos, en campañas sucesivas, para priorizarlos a la hora de la contratación. Si no se realiza esta comunicación por escrito y de forma fehaciente, se considerará como despido improcedente, recuerdan desde la organización agraria.

          La Unión manifiesta estar a favor de la estabilidad en el empleo, pero consideran que no se puede hacer fijos, aunque sean discontinuos, a trabajadores que van 5 días a la recolección o a la poda. En su opinión, si se sigue obligando a aplicar una norma inaplicable en el sector agrario, con la amenaza de las sanciones, lo único que se va a conseguir es que muchos pequeños empresarios renuncien a explotar cultivos sociales y prefieran los cultivos mecanizados sin uso de mano de obra, aumentando el paro en Extremadura.

          Por este motivo, la Unión-Extremadura ha remitido un comunicado urgente a la Delegación del Gobierno en la que se les informa que la actual norma no se puede aplicar en el sector agrario y que además, tiene más lagunas que certezas, por lo que han solicitado un aplazamiento en su entrada en vigor hasta que se analicen con criterio técnico la mediadas aprobadas y que no se pueden aplicar. Señalan que no entienden que las organizaciones agrarias UPA (federada a UGT) y Asaja (afiliada a la CEOE) hayan pactado esta reforma que tanto perjudica al sector agrario.